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CÁDIZ - JEREZ | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Lunes, 13 febrero 2012

Cádiz

PLATAFORMA POR UN PGOU ALTERNATIVO

La Plataforma por un PGOU Alternativo ha formalizado esta mañana su rechazo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo

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POLÉMICA. El quiosco de La Caleta. / LA VOZ
El debate urbanístico, que ha derivado en polémica social y política, ha llegado hoy a los tribunales, por primera vez, de manos de un grupo de particulares.

Los miembros de la Plataforma por un PGOU Alternativo (integrada por asociaciones ecologistas, ciudadanos sin adscripción y diversos grupos sociales cercanos a partidos proteccionistas o de izquierdas en la provincia) han formalizado esta mañana una denuncia contra los quioscos instalados en el Parque de Varela y en La Caleta. Representantes de esta amalgama de colectivos sociales anunciaron ayer que darán ese paso burocrático en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo situado en la zona de San José, en Cádiz a las diez de la mañana.

Uno de sus portavoces aseguró ayer a LA VOZ que se trata de una reacción lógica de un grupo de ciudadanos ante una «evidente ilegalidad urbanística. El restaurante de los jardines de Varela y el quiosco de La Caleta no se ajustan a las normas. En ambos casos se ha dedicado un lugar público de esparcimiento a una actividad comercial».

Antecedentes

Ya hubo una primera denuncia, anunciada el pasado día 27, pero en ese caso tenía respaldo institucional. Fue presentada por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. También se han producido protestas de residentes y particulares, pero sin llegar a convertirse en una denuncia formal. Las de los colectivos de vecinos de Santa María del Mar y de La Viña fueron las más señaladas, insistentes y visibles, especialmente durante todo el verano. A partir de hoy, ese rechazo de algunos ciudadanos tiene traslado a los tribunales ordinarios.

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la alcaldesa Teófila Martínez, ha rechazado estas críticas ciudadanas y políticas al asegurar que ambas instalaciones se ajustan a la legalidad urbanística y que existen en otras ciudades (como Chiclana de la Frontera o Sevilla) gobernadas por el PSOE y en las que nunca se ha registrado protesta ni denuncia de ningún tipo.
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