TRES MIL AÑOS Y UN DÍA

Elegía por Montenmedio

Malhaya la justicia que no entiende de beneficios bajo par. La Fundación MNAC, ¿habrá expuesto alguna escultura en homenaje a la influencia? Mi jaca ya no galopa ni corta el viento cuando pasa por Barbate caminito de Vejer. Los propietarios del complejo turístico-deportivo de Montenmedio andan ahora contritos por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que exhorta a la inminente demolición parcial de la casa club: lo mismo sería cuestión de dejarla en pie como auténtico monumento al espíritu del pelotazo.

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Es un sitio bonito. Y nada molaría más que alabar la iniciativa emprendedora de Antonio Blázquez, que ha dotado a esta zona de una marca turística de primer nivel, siempre y cuando se hubiera puesto en práctica con todas las pólizas habidas y por haber, no sobre terrenos rústicos de estrambótica recalificación. Cosa distinta es preguntarse por qué no fue posible que este proyecto de fuste naciera y creciera con todas las de la ley, mientras que nada ha impedido, por ejemplo, que las llamadas Torres Petronas, mucho más agresivas sobre el paisaje, coronen ya la planicie de la Casería de Osio, en San Fernando. Por poner un caso.

El de la finca de Montenmedio encerraba un enclave «de protección especial, por su interés forestal» y antes de comenzar las actuaciones, ya había sido declarada como «no urbanizable, por su valor ecológico, histórico, cultural y paisajístico». El núcleo principal, el de la Dehesa, procedía de la privatizavión de Rumasa, el holding de José María Ruiz Mateos expropiado en 1983 por el primer Gobierno socialista. Y fue adquirido por Ibercompra S. A., una empresa cuyo Administrador único es Antonio Blázquez y de la que inicialmente era accionista la firma Intermun S. A., participada por Enrique Sarasola. Todo empezó con un incendio que propició la roza de 80 hectáreas que, luego, llevó a la corta a matarrasa de aquella superficie forestal para su reconversión en un complejo turístico que se centra inicialmente en el término de Barbate hasta que en 1993 se inicia la ampliación del campo de golf a 18 hoyos, ya en el término de Vejer. En 1996 construyen el denominado Club Social bajo la cobertura de una licencia provisional del Ayuntamiento de Barbate, que es la que anulará el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Un año más tarde, dicha Corporación aprueba un Plan Especial de Mejora del Medio Rural Montenmedio Sur, que legaliza todas las actuaciones de Ibercompra en el término de Barbate. El entonces alcalde Serafín Núñez afirmó públicamente que iba a aprobarlo aunque prevaricara pero el entonces Fiscal Jefe de la Audiencia, Isidoro Hidalgo, dio carpetazo a la denuncia presentada por Agaden permitiendo tácitamente la legalización de unas obras realizadas saltándose la ley a la torera. Futuras obras como las iniciadas en 1998 en la finca colindante de Sicalec fueron blanqueadas so pretexto de que un complejo agrícola-ganadero que en realidad disfrazaba el proyecto de Ciudad del Caballo. En todo este periodo, será ahora la primera vez que se cumpla un dictamen legal sobre la finca. Atrás, queda una veintena de expendientes sancionadores sin ejecutar, dos sentencias del TSJA y una del Supremo.

A estas alturas, a buenas horas mangas verdes, los exegetas de todo este maremagno de corruptelas bajo la elegante forma de instalaciones hípicas, campo de golf, hotel con encanto, cantera y museo al aire libre, sacan a colación los puestos de trabajo y la posibilidad de que los turoperadores anulen reservas por el anuncio de la piqueta. No queda recato en este mundo, sobre todo si se tiene en cuenta el papel de su empresa Ibercompra en la recalificación de Atlanterra, en Tarifa: más aún, al mentado empresario no le ha faltado tiempo para anunciar que quiere llevarse los bártulos al extranjero, lo que vendría a ser una deslocalización de sus tejemanejes y lo que algunos anuncian como el hundimiento de La Janda, como si este enclave supusiera un mayor contingente de empleo que la flota pesquera de Barbate o la macrofinca Las Lomas. La propia sentencia lo contradice cuando afirma que «pretender ahora que la consumación deliberada de unos hechos que nunca debieron producirse pueda imponerse al Derecho es una pretensión inoportuna, vana y contraria al mismo que en modo alguno debe tolerarse».

Los promotores de Montenmedio, desde luego, dan menos lástima torera que los chabolistas a los que derriban las barracas sin que nadie les haga puñetero caso. Ahora, el papel de malos de la película lo asumen los activistas de Agaden que llevan dando honestamente la matraca con este asunto desde que se puso la primera piedra sin que mediara más permisos que la consabida respuesta al no sabe usted con quién está hablando. Así, los reproches que cabe formular contra la Junta de Andalucía no deben suscribirse ahora, que está cumpliendo con la ley y con su trabajo, sino que deberían remontarse a cuando las autoridades competentes permanecieron de brazos cruzados ante una irregularidad urbanística de semejante calibre. Claro que no sólo cabe responsabilizar al gobierno autonómico que, más o menos, a trancas y barrancas eso sí y con grandes diferencias entre sus propios representantes, ha ido cumpliendo con lo que marca la ley: en este sentido, resulta ejemplar la actitud del actual consejero de Obras Públicas, Luis García Garrido, que en todo momento ha insistido en la lógica necesidad de acatar la sentencia. Los cómplices necesarios de tales desafueros con los ayuntamientos. Guiados sin duda por el legítimo afán de que dicha inversión no se le fuera de las manos, forzaron la ya no tan legítima concesión de licencias ilegales, como la otorgada en 1995 y que fue calificada por la justicia como «nula e insubsanable» por lo que «la consecuencia no puede ser otra que la restitución de la situación física injustamente alterada». En la provincia, queda mucho por construir, pero también queda mucho que demoler: desde la base de Rota al campo del Retín o ciertas urbanizaciones que vulneran todas las leyes de costa. Pero habrá que empezar por algo.