Además de la vía judicial, la Diputación de Cádiz quiere recurrir a la figura de Bien de Interés Cultural -un nivel de protección del patrimonio- para impedir que el edificio que actualmente alberga la Audiencia Provincial sea derribado, como tiene planeado el Ayuntamiento en el proyecto de Plan General de Ordenación Urbana. Lo anunció ayer en rueda de prensa el presidente de esta institución provincial, Francisco González Cabaña, que ha puesto ya a trabajar a los servicios jurídicos de la Diputación para que inicien el expediente de solicitud a la Junta de Andalucía, competente en la concesión de este tipo de protección.

El futuro de la Audiencia Provincial se ha convertido en una de las polémicas más encendidas del principio de curso político entre la Diputación provincial y el Ayuntamiento de la capital, caldeada por las gruesas declaraciones de una y otra parte que se han ido sucediendo.

Aunque aún funcione como sede de los juzgados, el edificio ha pasado a formar parte del patrimonio de la Diputación tras ser permutado por los suelos donde se construirá en el futuro la Ciudad de la Justicia, que aglutinará los tribunales de la ciudad.

El objetivo de Diputación es trasladar a la Audiencia los servicios centrales y a parte de sus más de 1.700 trabajadores, lo que, a juicio de Cabaña, reforzaría «la capitalidad administrativa de la ciudad», pero sobre todo solucionaría el problema de espacio que sufre la institución. Esta semana el presidente provincial adelantó, además, que propondría al Ayuntamiento crear viviendas protegidas en algunas de sus plantas o, en caso de ser derribado, en un nuevo edificio «que se adecue al entorno y permita la contemplación de las murallas».

«Derecho a participar»

González Cabaña volvió a abogar por este proyecto y su «derecho» como presidente provincial a «defender los derechos y el patrimonio de la Diputación». Con estas palabras respondía al concejal de Urbanismo de Cádiz, Ignacio Romaní, que el martes le acusó de «inmiscuirse en materia urbanística»,algo que «es competencia exclusiva de los ayuntamientos».

Cabaña le contestó ayer, sin embargo, que «cualquier ciudadano puede participar en un Plan General, así que nadie puede negar a nadie este derecho». Cabaña cargó también las tintas contra el Equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento, al que acusó de no plantear «ningún argumento sobre la mesa» al respecto del derribo, de recurrir a las «descalificaciones, especialmente cuando lo que se descalifica es mi pueblo ¯Benalup, del que es alcalde-».

El 'caso Aduana'

La defensa de la Diputación de mantener este edificio en pie, en contra de los criterios del Ayuntamiento, no deja de recordar la polémica generada en torno al derribo del edificio de la Aduana, planeada dentro del proyecto de remodelación de la Plaza de Sevilla. En este caso, también se solicitó la declaración de Bien de Interés Cultural con el objetivo de evitar la actuación, aunque en aquella ocasión fue un foro ciudadano el que inició el expediente.

Sin embargo, a juicio del decano del Colegio de Arquitectos de Cádiz, Ramón Pico, los casos «no son comparables». «La situación es distinta, ya que mientras un edificio -la Aduana- coarta unas determinadas actuaciones urbanísticas, el otro no», afirmaba ayer a este periódico. Ramón Pico explicaba ayer que en el caso de la Audiencia, el «riesgo» que corre el edificio puede llegara ser un elemento «razonable» para ser declarado BIC, y «no tanto por su valor arquitectónico».

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