ORDENACIÓN. Instalación habilitada por la Junta para legalizar las construcciones ilegales. / F. JIMÉNEZ
Ciudadanos

La oficina urbanística de El Palmar echa a andar para legalizar 1.000 viviendas

El alcalde admite las dificultades que puede acarrear un proceso muy caro y que depende de la voluntad de los propietarios para poner al día sus residencias

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Los propietarios de viviendas ilegales de El Palmar, en Vejer, ya conocen el mal sabor del derribo de las casas a pie de playa. Aún quedan 1.000 edificaciones irregulares en la zona rural de la pedanía, a la espera que ser legalizadas, y con ese objetivo nace la Oficina de Ordenación Urbanística que echó a andar ayer, aunque los trabajos alrededor de este nuevo órgano empezaron en marzo, tal como indicó el alcalde de Vejer, el socialista Antonio Verdú.

La oficina se encuentra en la zona conocida como La Dehesa de El Palmar, se trata de un módulo prefabricado al que deberán acudir los propietarios de las viviendas para iniciar el proceso. Estas instalaciones estaban previstas en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la pedanía costera, aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio en diciembre de 2006.

El documento permite la obtención de las dotaciones e infraestructuras necesarias para legalizar las construcciones, a pesar de ser uno de los núcleos con mayor proliferación de viviendas ilegales de La Janda.

Los propietarios

El regidor vejeriego recalcó que con la aprobación del PERI y la apertura de la oficina «se ha librado una importante batalla, pero aún queda el proceso determinante». Con estas palabras Verdú se refiere a la parte que toca a los propietarios, que tendrán que acudir al mostrador para presentar la documentación y llevar a cabo los trámites, con el coste que conllevan.

Las viviendas que cumplen con la nueva normativa son las que se encuentran dentro de las zonas que reconoce el PERI, unas 42 hectáreas en primera línea de playa donde se construyeron en su momento más de 400 casas, y el SAU-5 (Suelo Apto para Urbanizar), que contempla otras 60.

La regularización de estas extensiones revalorizará el enclave automáticamente. No obstante, el proceso es caro y aún falta por determinar cómo se actuará en virtud de los costes económicos de las urbanizaciones. Un asunto que según el alcalde «puede retrasar el proceso».

Con todo, Verdú confía en que no lleve demasiado tiempo. «La Junta ha realizado un trabajo magnífico y, además, hemos sido pioneros en la colaboración con la Administración regional para gestionar un plan redactado a nivel municipal», resaltó el alcalde. En este sentido, recalcó que el proceso ya se encuentra muy avanzado con la dotación de la zona de los servicios básicos de abastecimiento. Ya dispone de agua potable y se ha construido un nuevo colegio. De la misma manera, está pendiente por levantar un nuevo centro de salud y la Junta ya ha licitado la depuradora y el colector general.

emartos@lavozdigital.es