
Imagen de archivo de la central nuclear de Ascó (Tarragona).
La multa más dura tras los 1,6 millones de Vandellós
La multa que espera Ascó (entre 9 y 22,5 millones de euros), será la sanción más dura aplicada a una nuclear en España, después de los 1,6 millones que tuvo que abonar el titular de Vandellós II en 2006.
Hasta lo ocurrido ahora con Ascó I, la sanción económica más severa ha recaído en Vandellós II -en agosto de 2006-, cuya cuantía ascendió a 1,6 millones de euros.
La multa se debió a la gestión del problema de corrosión en el sistema de aguas esenciales que se había detectado en agosto de 2004 y que mantuvo Vandellós parada cinco meses y medio al año siguiente.
Junto a la de Vandellós II, destaca la sanción aplicada a la central de Almaraz (Cáceres) en la década de los noventa, la segunda más grave: se elevó a casi 90 millones de pesetas (unos 540.000 euros) y se impuso a consecuencia de un problema del sistema de alimentación de aguas esenciales.
En mayo de 2006 fue cerrada definitivamente la central de Zorita (Guadalajara), que en 2002 fue multada con 240.000 euros por permitir que se mantuviera en funcionamiento, pese a que los sistemas de aspersión de la cúpula del reactor no funcionaban adecuadamente.
En 1997, Vandellós II ya recibió una multa de 50 millones de pesetas (300.500 euros), y en 1989, Vandellós I fue multada con 40 millones de pesetas (240.000 euros) por un grave accidente que motivó el cierre de la planta.
Por último, Trillo afrontó multas de entre cinco y tres millones de pesetas (30.000 y 18.000 euros, respectivamente) por incidentes registrados en 1992; y en 1995 Almaraz recibió un sanción de dos millones de pesetas (12.000 euros) por un retraso en la declaración de Prealerta de Emergencia.
La apertura de un expediente incluye cuatro propuestas de multa graves y dos leves
Si Industria asume la propuesta del CSN se tratará de la máxima sanción impuesta a una instalación de este tipo
La central registró el 29 de noviembre pasado un escape de partículas radiactivas aunque el incidente no se conoció hasta principios de abril
La sanción a la central nuclear de Ascó (Tarragona) por los incidentes registrados en noviembre del pasado año, que incluyeron la detección de partículas radiactivas en el exterior del edificio, podrá oscilar entre 9 y 22,5 millones de euros, la máxima impuesta a una instalación de este tipo. En octubre de 2007, una reforma de la ley del CSN multiplicó por diez las multas a las nucleares por infracciones, pasando las de mayor gravedad de tres a treinta millones de euros.
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha acordado proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la apertura de un expediente sancionador a esta central que incluye cuatro propuestas de sanción graves y dos leves, ha informado el CSN en una nota.
Las conclusiones del Pleno del Consejo se fundamentan en que, aunque no ha existido daño a la población ni al medio ambiente y la estimación en términos de riesgo es remota y de carácter leve, se han producido fallos significativos en el control y el suministro de información al Consejo por parte del titular de la planta, que tardó cinco meses en comunicarlos. Ahora es el Ministerio el que tiene que decidir si impone la cuantía económica máxima prevista, esos 22,5 millones.
Superados los límites de emisión radiactiva
El CSN entiende que debe imponerse una sanción grave en grado máximo por superar el límite anual de emisión radicativa en el interior del doble vallado de la central. Atribuye esta deficiencia a fallos en la vigilancia.
El Consejo propone una segunda sanción grave en grado medio por no controlar la contaminación externa del personal una vez descubierta la fuga. El titular de la planta no clasificó, señalizó ni delimitó radiológicamente las zonas de libre acceso de la central (no radiológicas) tras la detección de las partículas calientes en esas zonas el 14 de marzo de 2008 y en fechas posteriores.
Otra sanción grave en grado medio respondería al incumplimiento de la notificación de los fallos. detectados entre el 14 de marzo y el 4 de abril. Esta sanción también recoge que no se proporcionó al inspector información "pronta y veraz" sobre la contaminación en zona de libre acceso.
La cuarta sanción grave en grado medio se basaría en que no se dejó constancia en los registros de vigilancia de la contaminación encontrada en zonas de libre acceso.
Además, el CSN propone una sanción leve en grado mínimo por no haberse emitido el correspondiente informe de suceso notificable. Y plantea otra sanción leve en grado mínimo por incumplimiento porque no se adoptaron las medidas necesarias para minimizar la probabilidad de exposiciones potenciales cuando se permitió la salida del emplazamiento de un camión de chatarra que contenía partículas radiactivas. Además, el CSN considera que se produjo también un incumplimiento de la reglamentación sobre transporte de mercancías peligrosas.
Más controles para evitar nuevos fallos
El organismo regulador recuerda que la empresa ha iniciado un plan de actuación, llamado PROCURA, cuyo fin es abordar todas las deficiencias que ha revelado este suceso: procesos de supervisión y gestión de actividades, análisis de experiencias operativas precursoras de este suceso y cultura de seguridad.
El pasado 18 de junio el CSN aprobó el plan PROCURA con condiciones e informa de que supervisará su desarrollo mediante un programa especial de seguimiento, a través de inspecciones, análisis de documentos y reuniones, a fin de evaluar si el plan se aplica correctamente y consigue los objetivos fijados.
Además, el Consejo asegura que está realizando su propio análisis e introducirá en sus procesos mejoras como reforzar la inspección residente de Ascó con más personal.