OCIO. Uno de los enclaves donde el Ayuntamiento de Rota tiene previsto abrir un complejo residencial y de ocio. / LA VOZ
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De chabolas a complejo residencial

La reordenación de la playa de Aguadulce, en Rota, dará paso a una urbanización con más espacio que Costa Ballena

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El asentamiento de casas ilegales en la playa de Aguadulce, en Rota, es el principal problema urbanístico de esta localidad. Los chalés en la zona se mezclan con chabolas que muchos habitantes han construido en terrenos rústicos no urbanizables. Consiguen de esta forma una casa en primera línea de mar y, en la mayoría de los casos, en enclaves privilegiados. El matiz es la ilegalidad de estas edificaciones que incumplen la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) y algunas la Ley de Costas.

Ante este panorama, el ayuntamiento roteño ha puesto sus manos en el asunto y prepara un Plan Especial de Actuación para dar solución a este tipo de irregularidades. Un Plan que espera el visto bueno de la Junta de Andalucía y que cuenta con todos los informes favorables del Ministerio de Medio Ambiente, de la Dirección General de Costas y de la Agencia Andaluza del Agua.

El proyecto supone una reestructuración general del territorio. Se trata de ordenar urbanísticamente la zona, dotarla de zonas verdes y de espacios de ocio. En palabras del concejal delegado de Medio Ambiente de la localidad, Antonio Alcedo, «será un proyecto más grande que el que se ha edificado en Costa Ballena».

Para conseguirlo habrá que modificar muchas de las propiedades, que incumplen la Ley de Costas, y que no respetan los 100 metros de distancia que ésta exige hacia la playa. El delegado explica que «son viviendas de segunda construcción que entorpecen el desarrollo económico no sólo de la zona sino de toda la ciudad y para conseguirlo hay que ordenar urbanísticamente todo el territorio». Un suelo que según Alcedo «propicia la construcción de 1.850 viviendas, aunque dentro de este espacio hay que destinar terreno para los complejos hoteleros». De las viviendas que se construyan, un 30 % serán de protección pública. La idea es crear un complejo turístico parecido al de Costa Ballena en el que se mezclen viviendas de renta libre con las construidas en régimen especial.

Manuel Mateo, presidente de la asociación de vecinos La Constancia, aclara que serán los propios vecinos los que paguen las obras de urbanización. Por su parte, el ayuntamiento se encarga de coordinar las obras y otorgar los permisos. «Llevamos 30 años de lucha para tener agua, luz y alcantarillado. Somos más de 400 vecinos aunque no todos están dispuestos a pagar». Tras el aprobado de la administración, una Junta de Compensación valorará lo que corresponde a cada vecino y se procederá a las obras de urbanización de la zona.