Jueces en el punto de mira

El 8 de noviembre de 2001, dos miembros del 'comando Vizcaya' de ETA acribillaron al juez José María Lidón en presencia de su mujer y de uno de sus hijos cuando salía del garaje de su casa, en Getxo, camino de su despacho bilbaíno en la Audiencia Provincial. Lidón es el último juez asesinado por la banda terrorista, que desde hace 30 años ha matado a otros cinco miembros de la carrera, a dos fiscales y a dos conocidos abogados, al tiempo que intentaba asesinar sin éxito o incluía en sus macabras listas de objetivos a varias decenas de magistrados y juristas. Es la particular forma que tiene la organización criminal de coaccionar y castigar a un colectivo que en estas tres décadas ha encerrado a varios centenares de etarras y ha sumido en la clandestinidad a las principales organizaciones políticas y sociales del entorno de ETA.

Los miembros de la judicatura están en el punto de mira de la banda terrorista al menos desde 1978, cuando los terroristas decidieron no abandonar la violencia pese a la inminencia de la llegada a España de una democracia constitucional. El primer togado en caer bajo las balas de ETA fue el juez de paz de Lemona (Vizcaya), José Javier Jáuregui, ametrallado por un comando el 8 de julio de 1978. Sólo cuatro meses más tarde, pocos días antes del referéndum que aprobó la Constitución, la banda mató en un atentado idéntico al magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Mateu y Canovés.

Entre el asesinato de Jáuregui y el de Lidón, la organización criminal asesinó también a los magistrados del Supremo Rafael Martínez Emperador (1997) y Francisco Querol Lombardo (2000) y al ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente (1996). Los terroristas, en el mismo período, ampliaron el luto judicial con el asesinato de la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle (1989) y del fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, así como con las muertes del letrado y dirigente socialista Fernando Múgica (1996) y del decano de los abogados guipuzcoanos, José María Muguruza (2000).

La fortuna y las medidas de protección permitieron que la lista de víctimas de ETA en el mundo judicial no se incrementase al menos con otros tres nombres. El presidente del Consejo General del Poder Judicial en 1986, Antonio Hernández Gil, salió ileso el 8 de mayo de un ataque con granadas anticarro contra su coche oficial.

Menos suerte tuvieron el presidente de la Audiencia Nacional en 1990, Fernando Mateo Laje, y el presidente de la Sala de lo Penal de este mismo tribunal en 1996, José Antonio Jiménez Alfaro. Sendos paquetes bomba amputaron las manos y un ojo al primero y tres dedos de la mano derecha al segundo. Los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, el tribunal central antiterrorista, han soportado en numerosas ocasiones y en directo las amenazas de etarras, que durante los interrogatorios y juicios han formado una pistola con la mano antes de espetarles: «Estás muerto».