El 30 de marzo de 2007, la Audiencia Provincial ratificaba lo que ya dijo en su día el juzgado de Primera Instancia. La justicia dictaba que Zona Franca tenía que pagarle a García Gallardo 15 millones de euros por sus acciones, tal y como recogía el acuerdo que en su día firmó con el Consorcio siendo delegado Miguel Osuna.

El fallo obligaba además a este organismo estatal a pagar las costas y los intereses devengados. El Supremo reconoció el pasado 4 de julio que no admitía recursos de Zona Franca contra el fallo. No obstante, el Consorcio quiere agotar el último cartucho: un recurso de súplica. El delegado de Zona Franca, José de Mier, confía en la viabilidad de este recurso.

El pleito entre Zona Franca y García Gallardo arranca desde diciembre de 2003 cuando la Corporación Alimentaria Quality Food, empresa de productos precocinados implantada en el recinto fiscal, aprueba una ampliación de capital. La Zona Franca acude en solitario a esta ampliación, lo que le permite acceder al 51% del capital social de Quality y, por tanto, a hacerse con el control mayoritario del grupo. Tras la operación se realizaron dos valoraciones económicas del conjunto de las acciones. No se contó con la familia García Gallardo. Una de las consultoras valoró las acciones en 7,8 millones de euros, mientras que la otra en 1,2. La media se fijó en 3,3 millones de euros.

García Gallardo interpuso una demanda y contrató la valoración de sus acciones. Una consultora fijó el precio en 20 millones. El juzgado le dio la razón y obliga a Zona Franca a pagarle el resto ahora.