La cosa se complica. Representantes de las cinco Federaciones de Asociaciones de Vecinos que existen en la ciudad, es decir, la inmensa totalidad del tejido asociativo vecinal chiclanero, se reunieron en el día de ayer con el alcalde, Ernesto Marín, el delegado de Urbanismo, José Pedro Butrón, y los técnicos encargados de gestionar el proceso de regularización de las más de 15.000 casas ilegales existentes.

El resultado; el más que probable retraso, indefinido en el tiempo, de un proceso que desde la Gerencia de Urbanismo se pretendía poner en marcha este mismo mes de junio llevando a aprobación plenaria las Ordenanzas y el Plan Director de Infraestructuras (los dos documentos que lo regirán), y que de momento no tiene fecha de inicio.

La principal razón que aducen los vecinos y propietarios de viviendas ilegales del término municipal chiclanero para oponerse al proceso de legalización y urbanización de los más de 18 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado, tal y como se plantea ahora, es «la elevada cuantía económica que supondrá para las familias».

Así lo asegura el representante de una de las federaciones directamente implicadas, la de Pagumo, Salvador Almagro. «No podemos de ninguna de las maneras soportar el pago que se nos exige», que en algunos casos superaría los 50.000 euros por una parcela de 1.000 metros cuadrados y 90 metros útiles construidos.

Algo similar opinan las otras cuatro federaciones, dos de ellas, Rana Verde y Chiclana Norte, especialmente sensibilizadas con un problema que les afecta de manera directa, por cuanto defienden los intereses de propietarios de zonas como El Marquesado, Batería Colorada, Pinar de los Franceses o Pinar del Pleito.

De momento, el talante del Ayuntamiento en el encuentro de ayer con los vecinos fue conciliador. «El señor Marín nos ha insistido mucho en que ellos no son nuestros enemigos, pero nosotros le hemos dejado claro que este proceso a día de hoy no es asumible; creemos que hay que buscar fórmulas de financiación alternativas en otras administraciones e incluso revisar a la baja los costes por metro cuadrado de suelo».

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