El Ayuntamiento ordena más de cuatro mil embargos en una semana

El Ayuntamiento de Cádiz ha ordenado en una semana el envío de 4.500 notificaciones de embargos a través de entidades bancarias, la mayoría por multas impagadas o impuestos municipales. El cobro de esta morosidad supondrá para el Consistorio unos ingresos de 300.000 euros, en el caso de que los afectados no presenten reclamación o bien justifiquen con documentación el impago.

Estos embargos son el paso final de un largo trámite burocrático que incluye la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de los nombres de los deudores, los cuales tienen un plazo legal para presentar un pliego de descargo o bien para pagar lo que deben en el Ayuntamiento. Si ello no ocurre, entran en un proceso de Recaudación Ejecutiva que lleva al embargo.

En concreto, se trata de personas que en los dos últimos años han dejado de pagar algún tipo de multa -de tráfico, en su mayoría- o bien impuestos, como el de Circulación, el de Bienes Inmuebles -más conocido como la contribución urbana-, ocupación de vía pública o el Impuesto de Actividades Económicas.

Para ejecutar estos embargos el Ayuntamiento utiliza el sistema telemático que implantó en el 2002, a través del cual, facilitando el nombre del moroso y el DNI a una central, ésta localiza las cuentas bancarias y notifica los embargos, tal y como explicó a este medio el concejal delegado de Hacienda y primer teniente de alcalde José Blas Fernández.

«La mayor parte suele ser multas de tráfico no pagadas y que ahora se ejecutan por la vía del embargo», precisaba, y de las cuales el Ayuntamiento suele cobrar el «99 por ciento, porque cuando llegan a la vía ejecutiva ya hemos comprobado que no hay defectos en la tramitación».

Fernández explicó que hay también multas por el impuesto de circulación que «la gente reclama justificando que ya no tiene el vehículo, pero lo que suele ocurrir es que el turismo o la moto no están dados de baja y por tanto la multa viene a su nombre».

Durante esta semana los afectados han recibido de su banco una comunicacion de retención en cuenta por diligencia de embargo, en la que se le da un plazo de veinte días para realizar la reclamación que estime oportuna ante dicho organismo. De no obtener respuesta, se advierte que transcurrido el plazo se procederá al cargo en la cuenta del importe retenido. En este sentido, José Blas Fenández indicó que «no es posible notificar las prescricipciones -a los cuatros años- a los deudores», tal y como propope el portavoz de Izquierda Unida, Sebastián Terrada.

«La ley no nos obliga a ello, además supondría un enorme trámite burocrático tener controlado los miles de expedientes para saber cuándo prescriben y encima notificarle al deudor que ya no tiene que pagar su infracción al Ayuntamiento».

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