Pascual asegura que el uniforme no denigra a sus empleadas y la Junta cree que es «lamentable»

La empresa José Manuel Pascual y Pascual SA, propietaria de la Clínica San Rafael ha asegurado que la vestimenta que rige en todos sus centros hospitalarios se diseñó «tras aprobar una norma interna que fue consultada con sus propios profesionales». «La elección del vestuario en cada una de las categorías profesionales que componen las plantillas obedece a un exclusivo criterio de imagen sanitaria corporativa», insiste la empresa. Además, han negado que este uniforme «obedezca a ningún propósito discriminatorio, ni que afecte a la dignidad de las trabajadoras».

De esta forma, José Manuel Pascual y Pascual SA ha respondido a las quejas del comité de empresa de los trabajadores de la Clínica San Rafael sobre la decisión de la empresa de «sancionar» a aquellas enfermeras que se nieguen a ponerse falda, bajo la advertencia de eliminarles el plus de productividad de sus nóminas. Sin embargo, y según han aclarado empleadas del centro hospitalario, a las enfermeras que no han utilizado la vestimenta obligatoria no se les ha eliminado este plus, sino que se «les ha sancionado por no usar el uniforme reglamentario según dictan las normas de la empresa». Estas trabajadoras también han aclarado que «cuando se pasa a formar parte de la plantilla, la empresa entrega cuatro uniformes, y todos tienen el largo por debajo de la rodilla».

La dirección ha aclarado que desde 1997 «existe esta obligación, y la vestimenta se rige dentro de los diseños normales en el sector sanitario, y que la misma imposibilita el arbitrio del trabajador para optar por una u otra prenda de su uniforme». De esta forma, la empresa ha justificado que la elección del vestuario «no puede obedecer a ningún propósito discriminatorio ni afectar a la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de la empresa que, lógicamente, son el gran capital de nuestros centros hospitalarios».

Primeras medidas

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social envió ayer a dos inspectores a la clínica para determinar si la actitud denunciada por el comité de empresa podría ser una infracción en el ámbito laboral. Esta actuación de oficio ha sido promovida por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía tras la tener conocimiento de los hechos mediante los medios de comunicación, «ya que no consta denuncia previa alguna ante la Consejería ni ante la propia Inspección por parte del comité de empresa».

Los inspectores de Trabajo se reunieron con los directivos de San Rafael y con la presidenta del comité. Todos han sido citados para la próxima semana para tener una entrevista con más profundidad. Una vez se tengan las conclusiones, la Inspección emitirá un informe donde determinará si la empresa ha actuado de forma ilegal. De darse el caso, la sancionaría.

Además, la Delegación provincial de Salud ha requerido al centro hospitalario, con el que tiene un concierto asistencial, un informe sobre la denuncia del comité de empresa por la sanción a varias enfermeras por negarse a llevar falda. Incluso han enviado a la dirección un informe sobre las normas de vestuario.

La consejera de Igualdad y Bienestar Social en funciones, Micaela Navarro, afirmó ayer que la sanción económica que sufren las enfermeras de la clínica por no llevar falda «atenta contra la dignidad personal y profesional de la mujer». Navarro apostilló que este caso es «ese tipo de cosas lamentables que agreden el propio sentido común. Creo que a estas alturas del siglo XXI ya no cabe en la cabeza que tengas estas personas establecido, al parecer por una cláusula de contrato, que tienen que usar un vestuario que creo que no se usa desde hace muchos años y que, entre otras cosas, les impide poder trabajar con una cierta garantías».

Más voces en contra

La secretaria general de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Soledad Murillo, aseguró que la postura «totalmente atávica de la Clínica San Rafael es absolutamente recurrible». Murillo criticó el comportamiento de la dirección del centro y aseguró que «en este caso se incurre en una discriminación directa, contemplada como tal en la Ley de Igualdad».

Los sindicatos UGT y CC OO lamentaron la «situación humillante y discriminatoria de las trabajadoras de la clínica, así como la actitud del centro». Además, los sindicatos han reclamado a la Junta que «se replantee su política de externalizaciones, que es un fracaso en toda regla».

El secretario general de CC OO en Andalucía, Francisco Carbonero, ha criticado la actitud «inmovilista e indiferente de la Consejería de Salud al no controlar las condiciones laborales, y los servicios que prestan las empresas privadas subcontratadas por ellas».

El secretario general del Partido Popular en Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que pedirá información sobre las sanciones a las trabajadoras por no usar el uniforme de la clínica y felicitó a la Junta de Andalucía por solicitar un informe a la empresa José María Pascual y Pascual SA.

Sanz manifestó estar «absolutamente en contra de este tipo de situaciones ya que es increíble que sucedan todavía por lo arcaica que son estas normas hoy en día».

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