
La figura jurídica, que viene a sustituir en la legislación actual a la antigua suspensión de pagos, se ha tomado ante la «imposibilidad de atender a corto plazo los compromisos de pago», reconoce la empresa en un comunicado. ¿Las razones? El estancamiento del mercado inmobiliario, añade el consorcio familiar.
Del mismo modo, y al haberse requerido por voluntad propia el procedimiento concursal, la administración seguirá en manos del Grupo Jale, que ayer remarcaba que la situación es «claramente coyuntural». La confianza se sustenta en la «sólida» situación patrimonial de ambas compañías, que cuentan con numerosas promociones en cartera que podrían subsanar los impagos.
De momento, la empresa no contempla ninguna regulación de empleo y los trabajadores de oficina de ambas filiales continuaron ayer con su actividad habitual. La duda radica ahora en las numerosas obras ya iniciadas por Jale en todo el país, que permanecen paralizadas desde principios de semana.
Según los últimos datos del Registro Mercantil, Inmobiliaria Amuerga contaba con una plantilla de 52 empleados y Construcciones Jale, con 150.
El presidente del grupo empresarial, Jose Antonio López Esteras, explicó a este periódico hace una semana que busca liquidez para sus proyectos y que espera la entrada de nuevos inversores en su hólding. Hace unos días, vendió la titularidad del Hotel Monasterio de San Miguel y afirmó que todos los hoteles «están en venta si se ofrece lo justo». El empresario tiene en su patrimonio hotelero el mejor aval para afrontar el futuro.









