El año 2007 ha sido un goteo creciente de sacrificios ilegales en la perrera de Puerto Real. 37 en enero, 42 en febrero, 62 en marzo, 68 en abril, 83 en mayo, otros 83 en julio, 55 en julio y 136 en agosto. Son los datos que aportó ayer la asociación El Refugio basándose en el sumario de la instrucción abierta en los juzgados de Puerto Real, en la que están personados como acusación, por posible maltrato de animales. En total, 566 perros y gatos que, supuestamente, murieron de forma irregular utilizando el paralizante muscular Mioflex Braun y obviando el protocolo veterinario, con lo que, al parecer, la perrera conseguía ahorrarse en torno a 19 euros, de los 20 euros que supone el proceso legal -una dosis de barbitúricos que causa un paro cardiaco- al poco más de un euro que conlleva el uso de este fuerte bloqueante neuromuscular con el que el can moría por asfixia tras padecer una paralización progresiva de su cuerpo.

El colectivo hace alusión en su comunicado a un extracto de las diligencias del Seprona en el que los agentes comprobaron que se empleaba el Mioflex Braul porque entre los desechos no hallaron otros fármacos y los proveedores tampoco les suministraban otro producto distinto.

Ante esta situación, el portavoz de El Refugio en Cádiz, Ignacio Paunero, reclamó a los ayuntamientos que tenían contratado el servicio de recogida de animales abandonados con esta perrera puertorrealeña que «lo cancelen, porque -apostilla- sería lo políticamente correcto en esta situación». Para difundir esta demanda, el colectivo ha puesto en marcha una campaña multimedia que tiene como protagonista a Mona, una perra de tres años que fue recogida por la asociación junto a sus nueve cachorros y que luego fue dada en adopción.

Paunero recordó además que El Refugio interpuso la denuncia contra esta instalación el pasado 15 de junio, pero lo hicieron «después de meses de conseguir indicios y testigos». Asegura que no ha habido precedentes de estas características en España, pero reconoce que «no es sencillo» destapar este tipo de presuntas prácticas ilegales.

La reacción de los ayuntamientos a esta petición de El Refugio fue positiva, pero también de prudencia a la espera de que se resuelva el proceso judicial. Según aseguraron fuentes de los consistorios de Cádiz, San Fernando, Chiclana y Puerto Real, los departamentos jurídicos municipales están estudiando la posibilidad de esta cancelación, pero siempre que exista finalmente un fundamento legal. Sólo el de Algeciras, de entre los consultados, no prevé suspender la concesión «porque en el seguimiento que se ha hecho no se ha detectado ningún problema ni ha habido queja alguna por parte de los ciudadanos», según apuntaron desde el Consistorio.

Ante este nuevo escenario, varias Corporaciones han propuesto que sea la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz la que asuma este servicio obligatorio para los ayuntamientos, una posibilidad que la institución debatirá el próximo lunes en la junta rectora y sobre la que ya está trabajando a raíz del caso de Puerto Real y de las demandas municipales.

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