El Ayuntamiento de Cádiz quiere tener los deberes hechos antes de que el Gobierno autorice un posible gravamen sobre las viviendas vacías. Así, los servicios jurídicos municipales y la propia Concejalía de Hacienda estudian en estos momentos medidas concretas para que los propietarios de estos inmuebles paguen más. Una de las actuaciones que se baraja es la posibilidad de gravar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la contribución.

El concejal de Hacienda, José Blas Fernández, adelantó a este periódico que «actualmente no existen armas legales para ir contra estos contribuyentes. Por esta razón, «algunos ayuntamientos están redactando ordenanzas especiales a la espera de que salga una normativa».

Los últimos datos apuntan a que en el municipio hay unos 5.000 pisos vacíos, de los que un alto porcentaje son segundas residencias de verano. Una referencia que no tiene lugar a dudas es el padrón del IBI y este año tiene un censo de 64.792 contribuyentes, 437 más que el año pasado.

Pero antes de poder comenzar a subir la contribución a los propietarios con casas vacías, es necesario definir qué es un piso desocupado y para ello será necesario desarrollar el reglamento de la Ley de Régimen de Haciendas Locales. El concejal del PP, José Blas Fernández, insiste en que ese es un paso primordial para dar seguridad jurídica a esta iniciativa. Además, será necesario elaborar un censo de las viviendas que no estén ocupadas. De mo-mento, el único dato fiable de que se dispone es el que recoge, antes cada diez años y ahora cada cinco, el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Hace unos meses, el equipo de Gobierno puso en marcha una comisión para adecuar el censo municipal a la realidad, es decir, para conocer la población exacta de la capital, ya que según sostiene Fernández, los beneficios que otorgan otras localidades de la Bahía a los ciudadanos a la hora de adquirir la primera vivienda han hecho que se registre un éxodo de papeles, pero no real, ya que muchas personas continúan residiendo en Cádiz. IU ha pedido reiteradamente gravar el Impuesto de Bienes Inmuebles a los que mantengan sin ocupar una vivienda durante un determinado tiempo, pero el equipo de Gobierno remite a este desarrollo de la Ley, que aprobó en su día el PP y que ahora tiene que desarrollar el Gobierno de Zapatero. Pese a todo, es el Gobierno de la Nación quien tiene que dar el primer paso para que luego sean las comunidades autónomas las que recojan el testigo.

El Gobierno vasco ha sido el más rápido a la hora de desarrollar sus planteamientos. El departamento de Vivienda quiere crear un canon autonómico, de unos nueve euros diarios, para gravar unos 26.000 pisos vacíos en Euskadi, de manera que a sus propietarios les salga más rentable ponerlos en alquiler.

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