La economía sumergida equivale a tres veces la deuda pública de la provincia

La misma sociedad que se rebela ante un fraude para conseguir plaza en un determinado colegio o se enfurece con las noticias sobre corrupción política hace la vista gorda de manera habitual cuando surge la posibilidad de no pagar el IVA o demanda los servicios de empresas a sabiendas que no están dadas de alta. Esa doble moral de los ciudadanos, por una parte, y la asfixiante presión social que ejercen las administraciones por la otra son algunos de los motivos se esconden tras el pesadísimo volumen de la economía sumergida.

La actividad que no está regulada mueve nada menos que 5.800 millones al año en la provincia de Cádiz, un montante con el que se podría saldar tres veces la deuda que mantienen con los bancos los municipios gaditanos o los ingresos del Ayuntamiento de Cádiz durante más de tres décadas.

El dato que proporciona el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha ha sido dado por bueno e incluido en decenas de estudios sobre la material. El último, el que la Confederación de Empresarios de Cádiz ha presentado este martes.

Este estudio no pretende poner el foco sobre aquellos que venden sus productos en una esquina o lo que pescan en la Bahía. Lo hace sobre los talleres ilegales que prestan servicio a puerta cerrada en un polígono industrial, peluquerías instaladas en la última habitación de una vivienda o la empresa de construcción que se dedica a las chapuzas con trabajadores que no están dados de alta.

La consecuencia directa de eso no es solo una menor recaudación por parte de las administraciones públicas, sino la competencia desleal hacia aquellos que sí cumplen las reglas y una mayor desprotección de los trabajadores. El presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, no oculta la preocupación cuando se refiere a este asunto. Con semblante serio ha ido desgranando alguno de los datos de este informe que ha coordinado Patricia Gómez, responsable del equipo técnico de esta institución.

El portavoz de los empresarios gaditanos ha considerado «nefastos» sus efectos que afectan al conjunto de la sociedad y abogó por materializar una mayor efectividad en la lucha contra la economía sumergida por medio de la colaboración entre los agentes sociales y las propias administraciones públicas para intensificar el control y campañas de educación y sensibilización entre la ciudadanía.

A la hora de analizar pormenorizadamente sus efectos, es lamentable decir que «no hay sector que escape a ello». La autora del informe ha destacado que en el caso del primario afecta a entre el 21% y el 30% de la actividad. En lo que toca al secundario, se aprecia una especial incidencia en la marroquinería y la construcción, que también se movería en los mismos volúmenes y se eleva hasta el 40% en el caso de los talleres mecánicos.

El terciario también se ve ampliamente afectando, llegando hasta el 30% de su actividad en la hostelería y oscilando entre el 30% y el 40% para los servicios sanitarios, de formación y de reciclaje de productos.

El informe establece también una correlación entre la desaparición de empresas reguladas y el crecimiento de la economía sumergida. Sánchez Rojas ha aclarado que «no existe un trasvase, todo suma, los que dejan de actuar bajo el marco legal y los que lo hacen directamente al margen». Como causas principales se destacan la falta de oportunidades y los salarios bajos y la falta de conciencia.

La Diputación también ha querido sumarse a esta nueva labor con su apoyo y el compromiso con la creación de empleo. La responsable del IEDT, María Dolores Varo, ha destacado la relación entre economía sumergida y paro, razón más que suficiente para atajar el problema.