Al banquillo un agresor sexual que reincidió con una menor discapacitada

Una pareja que mantenía una relación sentimental estable en 2012 deberá sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial la próxima semana, acusada de agresión sexual. La víctima es una menor especialmente vulnerable. Sufre parálisis cerebral y tiene una discapacidad severa, del 75%, que le impide hablar con facilidad. Su movilidad depende de una silla de ruedas.

Según el escrito de acusación del fiscal, el imputado Francisco J. C. M. y con domicilio en Chiclana, aprovechaba las visitas que realizaba a la casa de su novia, en Cádiz, para abusar de la hija de ésta. Los episodios no se limitaban a tocamientos, también hubo conductas más graves como penetraciones con los dedos.

El adulto hacía creer a la niña que todo formaba parte de un juego, que relacionaba con una conocida serie de televisión que a la menor le gustaba.

El imputado cuenta ya con antecedentes penales por delitos sexuales. Así, en febrero del año pasado se confirmaba una condena de dos años de cárcel por un delito de abusos a menores de trece años. Los hechos habían ocurrido en 2010 pero la sentencia firme no llegó hasta 2014, cuando ya se habían producido presuntamente los abusos sobre la menor discapacitada y había sido arrestado por la Policía Nacional.

Los dos años de prisión no los cumplió porque la ejecución de la condena le fue suspendida por carecer de antecedentes. Ese beneficio que se aplica a los delincuentes primarios con penas que no superan los dos años se confirmó cuando supuestamente Francisco J. C. M. había reincidido.

La acusada convivía con la menor, que hoy tiene 17 años, en Cádiz, y según el fiscal no solo consintió los abusos que sufría su hija de parte de su pareja sino que tuvo en alguna ocasión una participación activa. «Ambos procesados hacían de la niña una copartícipe más de lo que entendían un divertimento sexual para ellos dos».

El Ministerio Público solicita, además de los diez años de cárcel para cada uno de los imputados por agresión sexual agravado por la especial vulnerabilidad de la víctima, una orden de alejamiento sobre la adolescente que permanezca en vigor durante quince años. También exige para el procesado la inhabilitación para el ejercicio de cualquier derecho relacionado con la guarda y custodia de menores durante seis años. En el caso de la madre, la retirada de la patria potestad.

Igualmente deberán indemnizar a la pequeña con 36.000 euros y tras cumplir la pena de cárcel deberían permanecer en libertad vigilada durante siete años: siempre y cuando el tribunal de la Audiencia acepte la batería de medidas que solicita el fiscal.

Desde que el caso fue destapado, ambos tienen prohibido acercarse y comunicarse con la víctima.