Los alcaldes de Chipiona y Rota guardan silencio ante la jueza por el 'caso parking'

No dar explicaciones. Ésa ha sido la estrategia que han seguido los cinco imputados citados este jueves por la jueza del nº 1 de Rota que investiga el 'caso parking'. La magistrada había llamado a declarar a la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, a su socio de Gobierno, Lorenzo Sánchez, al regidor de Chipiona, Antonio Peña, al empresario Felipe Castellano y a un arquitecto; pero todos ellos se han acogido a su derecho a no declarar.

La instructora abrió diligencias en julio y semanas atrás recibía un informe del Equipo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil que motivaba la citación judicial. Los agentes concluyen que pudieron cometerse delitos de cohecho, prevaricación y fraude en el proceso de adjudicación de las obras del parking de la Merced, situado en el casco antiguo roteño.

Dicha obra se ejecutó entre 2006 y 2007 bajo el auspicio de un convenio urbanístico rubricado por el Consistorio, cuando gobernaba Lorenzo Sánchez (RRUU), y la empresa Promociones Castellano. A través de ese acuerdo, el Ayuntamiento entregaba a la promotora una parcela muy codiciada en la zona de expansión del municipio a cambio de una finca anexa al lugar donde se iba a construir el equipamiento.

Para compensar la diferencia de precio entre ambos inmuebles, (la finca que iba a recibir el Ayuntamiento valía un 40% menos), la constructora ejecutó la obra del parking. Un contrato municipal que le fue adjudicado, por tanto, sin mediar concurso.

La Guardia Civil concluye en su informe que esa operación sólo perseguía beneficiar a la empresa porque ésta firmó con posterioridad contratos con las sociedades del exregidor Lorenzo Sánchez. El escándalo salpica Eva Corrales y a Antonio Peña porque en 2006 eran los ediles responsables de planeamiento y urbanismo de la localidad.

El convenio del parking de La Merced salió a la luz durante la investigación judicial que se sigue en el mismo juzgado sobre otros acuerdos que ligaron a la empresa con el Consistorio roteño. La jueza ordenó el verano pasado desgajar el asunto del aparcamiento a petición de la Fiscalía.

Según fuentes de la defensa consultadas por Efe, los imputados se han negado a declarar porque la nueva pieza separada se ha iniciado, a su juicio, con una documentación incompleta. Si bien esta explicación no ha sido expuesta en la comparecencia ante la jueza.

La permuta de terrenos fue anulada en vía contenciosa. Una empresa del sector Edesur lo planteó en los tribunales, que le dieron la razón porque además de haber violado la ley de contratos públicos, la ley impide a las Administraciones enajenar bienes del patrimonio público a cambio de obras.

Desde la defensa aseguran que hubo un procedimiento penal que ya fue archivado con respecto al parking de la Merced. Si bien, se trata de una denuncia que presentó Edesur contra el interventor del Ayuntamiento por unas declaraciones que realizó en un segundo procedimiento contencioso contra la subasta que el Ayuntamiento convocó para acabar adjudicando por segunda vez la parcela polémica a Promociones Castellano.

El archivo de la citada denuncia planteada por Edesur se encuentra recurrida.