Corrala de la Bahía
Corrala de la Bahía - F. JIMÉNEZ
Cádiz

Vivir bajo un techo okupado en Cádiz

La aparición de nuevas corralas en Cádiz es un problema social que se enquista y amenaza con convertirse en crónico, debido a la incapacidad de las administraciones y los políticos

Miren LAndeta
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El derecho a disfrutar de una vivienda digna sigue siendo un objetivo lejano para una parte de la población. En España, el número de viviendas vacías ha aumentado en más de 300.000 en una década hasta alcanzar la cifra de 3.443.365, según los datos del INE del año 2011.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) alerta de esta situación y cifra en casi 4.000 los demandantes de vivienda en Cádiz, mientras que más de 6.800 pisos están vacíos en la capital. La realidad revela que la vivienda es considerada como un bien sujeto a las leyes del mercado más allá de la función social que recoge la Constitución. Sin embargo, es tarea de las administraciones públicas garantizar este derecho.

Hay que destacar que el fenómeno de la vivienda vacía se registra principalmente en áreas deterioradas del casco antiguo de las ciudades y en las recientes construcciones que debido a la crisis no han llegado a ocuparse y que en muchas ocasiones presentan un importante estado de abandono. La tan mentada burbuja del ladrillo se produjo entre otras razones por el excesivo peso del sector inmobiliario en la economía, en la financiación de los Ayuntamientos e incluso de los particulares que en algunos casos se lanzaron a la compra de vivienda como una forma de inversión.

Se construía mucho, se vendía mucho, se concedían hipotecas y la mentalidad española aseguraba que tener un piso en propiedad era más seguro y rentable que alquilar. Después se paralizaron las promociones y los bancos cancelaron las líneas de crédito. Las familias no conseguían pagar sus hipotecas y comenzaron los desahucios, los movimientos ciudadanos, la okupación y el drama social de no tener un techo donde vivir. Más allá de esta situación de penuria conviene reflexionar sobre qué se está haciendo, sobre las medidas que se están tomando desde las diferentes administraciones implicadas en el rompecabezas para solventar un problema de primera magnitud. No son pocas las voces críticas que consideran que los recursos para evitar esta situación existen pero que sin embargo están mal administrados porque el volumen de viviendas es suficiente. ¿Qué se puede hacer para evitar que existan fincas vacías mientras familias están en la calle? ¿Cómo se puede fomentar el alquiler? Actualmente nos encontramos con un patrimonio que no produce rentabilidad y que se está desaprovechando.

Vivienda y protección

Tradicionalmente se define vivienda como un espacio separado y techado, que está en zona apropiada y reúne las condiciones idóneas de habitabilidad, seguridad y salubridad. Si reúne estos requisitos se puede solicitar en el ayuntamiento la licencia de primera ocupación, que autoriza la puesta en uso de los edificios o instalaciones. Este escrito es necesario para contratar la luz, agua y gas. Pueden ser libres, si no están sujetas a algún régimen de ayudas, y protegidas cuando su construcción o su rehabilitación se ha realizado con ayudas públicas en el marco de políticas de vivienda. Normalmente este tipo de vivienda tiene restricciones de uso, de cesión y de precio.

Ahora bien, ¿qué se considera una vivienda desocupada? Parece de Perogrullo pensar se trata de aquella que no está habitada pero, ¿durante cuánto tiempo?, ¿tiene que haber alguien empadronado en ese domicilio?, ¿qué pasa con las viviendas de alquiler y con las segundas residencias? Es el Ministerio de Economía y Hacienda es el que debe determinar qué es una vivienda desocupada pero aún no están establecidos con claridad los criterios que la definen por lo que es difícil aplicar una norma uniforme. Hasta ahora los pasos han sido vacilantes, pese a que España ostenta el récord de Europa en viviendas vacías.

Corrala de la Bahía / A. Vázquez
Corrala de la Bahía / A. Vázquez

Andalucía, una de las comunidades autónomas en la que mayor número de desahucios se han producido, se puso a la vanguardia con su Decreto Ley para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda que sanciona por tener casas vacías. La medida incluye multas de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas desocupadas pero deja algunos flecos ya que la iniciativa cuenta con los particulares. También queda excluido el parque de vivienda pública que está vacío: ¿Se sancionará sí misma la Administración?. La nueva regulación establece la creación de un registro de viviendas deshabitadas como forma de control y prevé inspecciones periódicas de control para analizar indicios como los contratos de suministro de agua o electricidad. Sin embargo, a día de hoy, aún resulta complicada acceder a un registro de viviendas vacías.

La fractura de 'Utopía'

Hay que recordar el pulso que mantuvieron IU y PSOE en el caso de la ' Corrala de Utopía' en Sevilla, y que propició que Susana Díaz retirara las competencias de Vivienda a IU mediante un decreto publicado en el BOJA por la decisión de realojar a una veintena de familias desahuciadas obviando las listas de adjudicación. Díaz optó por transferir esas competencias a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que dirige la socialista María Jesús Montero y, aunque al final hubo acuerdo, el pacto de gobierno estuvo dos días prácticamente roto. Las competencias en vivienda son de las comunidades, pero el derecho a la propiedad, la ley hipotecaria y la expropiación forzosa son competencia del Estado.

Corrala de Sanlúcar

La historia de la Corrala Bonanza comenzó en julio cuando 86 familias okuparon varias promociones de viviendas distribuidas por todo Sanlúcar: hay 11 en Bonanza, 20 en la plaza Luis Jaramillo Barrios, 15 en la Higuereta, 20 en el carril de los Ángeles, 7 en el Almendral y 9 en la calle Pirrado. Se escudan en un limbo donde lo legal y lo ilegal no está bien definido y aseguran que desconocen si los propietarios son los bancos o la constructora. Apelan a la justicia social mientras los políticos se lanzan la pelota e intercambian reproches. «IU como partido de Gobierno no debería estar detrás de este tipo de movimientos cayendo en una grave irresponsabilidad como es alentar a gente a que cometa delitos», exponía la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García. Al ser edificios de renta libre ninguna de las dos administraciones pueden actuar de oficio.

Corrala de Bonanza / AFP
Corrala de Bonanza / AFP

Tras el amago de ruptura de en abril, la presidenta de la Junta Susana Díaz, anunció hace menos de una semana que rompía con IU y que las autonómicas se celebrarán el próximo 22 de marzo. El adelanto electoral fuerza ha forzado la salida de seis cargos de IU de la Junta en Cádiz entre ellos el delegado provincial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, Manuel Cárdenas y la gerente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta en Cádiz, Arantxa Montero.

La excesiva permisividad y la pasividad puede alentar una la oleada de okupaciones

El traspaso de competencias puede, cuando menos, marcar un compás de espera aunque desde las filas socialistas se insista en lo contrario. «No tiene por qué haber retraso alguno en ninguna de las actuaciones que estaban en marcha», aseguró en Sanlúcar la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano. Sus declaraciones hacen referencia al acuerdo que se estaba ultimando para poner a disposición de familias en riesgo de exclusión social 50 viviendas a través de un alquiler social. Cabe recordar que el acuerdo con la Caixa implicaría, 20 viviendas en Sanlúcar y 30 en La Línea. El juego político de réplicas continuó con las palabras de la diputada del PP-A Ana María Mestre García criticando «el ninguneo» de la Junta con las familias y incidienso sobre «la diferencia con la actitud de la Junta ante la corrala Utopía en Sevilla».

Corrala de la Bahía

Llevaba siete años cerrado, víctima de la especulación inmobiliaria y embargado por una entidad bancaria, pero hoy un moderno edificio de la avenida Portugal en Cádiz sirve de hogar a 28 familias, con 30 menores, que lo okuparon hace tres semanas y viven en él sin luz ni agua. Se han organizado para limpiar las zonas comunes y para hablar con las administraciones aunque, de momento, aseguran, ningún representante público los ha visitado.

La inoperancia de Administraciones y políticos enquista el problema

Las primeras en llegar al edificio fueron cuatro familias que procedían de otro inmueble okupado en San Severiano 43, que tuvieron que abandonarlo hace poco por orden judicial. Para entrar no necesitaron forzar la cerradura ni darle la patada a ninguna puerta. «El portal estaba abierto y en un cuarto del primer piso estaban las llaves de todas las casas», asegura Montserrat. Los habitantes de la Corrala han recibido el apoyo de organizaciones como el 22M o de la Corrala de Sanlúcar que les acercan comida y pañales. También han acudido vecinos anónimos, apenados en especial por la situación de los menores.

«Lo que no tiene vergüenza, con la necesidad de viviendas que hay en Cádiz, es que haya unas viviendas nuevas desde hace siete años cerradas. Que si la constructora, que si el banco... en fin, ahí la gente ha actuado para intentar solucionar sus problemas», ha afirmado a la prensa Rafael Lara, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Si persisten las actuales políticas de vivienda, un recurso valioso continuará siendo inaccesible para parte de la sociedad. Es necesario aunar esfuerzos para gestionar de forma adecuada este patrimonio y establecer cuántas casas vacías hay, cómo son y dónde están. Colaborar y dejar atrás disputas estériles.

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