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Las defensas recurren a la Audiencia para tumbar el caso 'horas extras'

El Ayuntamiento responde a la petición de cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación que formula el Ministerio Público contra la alcaldesa de Rota

s. tubio
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La alcaldesa de Rota, Eva Corrales, el exalcalde y actual primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez (RRUU), y siete funcionarios municipales han presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Cádiz contra el auto de procesamiento que los sienta en el banquillo. El Ayuntamiento roteño emitía un comunicado de prensa tras la noticia adelantada por LA VOZ el pasado fin de semana sobre el escrito de acusación presentado por el fiscal Anticorrupción. En él, solicita cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación para Eva Corrales o pena de inhabilitación para Lorenzo Sánchez.

El ‘caso horas extras’ nace de una denuncia de IU a partir de información facilitada por trabajadores municipales. Algunos funcionarios denunciaban el volumen excesivamente elevado que cobraba un empleado del Ayuntamiento en concepto de gratificaciones extraordinarias y ponían en duda que las hubiera efectuado.

El fiscal sostiene que esas horas extras servían para encubrir el pago de unos trabajos que se habían adjudicado de manera irregular y que consistían en la confección de las bandas de las sirenas y ninfas de Carnaval o el suministro de dalmáticas para maceros y colgaduras que engalanan balcones durante las fiestas patronales.

Desde la defensa de los imputados se argumenta que el citado funcionario «nunca fue contratado para esos trabajos, más bien los realizó fuera de su horario habitual cobrando por ello las correspondientes horas extraordinarias marcadas por la ley». El Ayuntamiento sostiene que «se ajustó al Estatuto del Empleado Público», que recoge que «las administraciones públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen».

La Fiscalía realiza un análisis completamente distinto y subraya en su escrito que esos trabajos debieron adjudicarse siguiendo el procedimiento administrativo correspondiente en función de la cantidad del contrato. Y que el citado funcionario, que también está imputado en la causa, y su esposa, tienen vetado por ley contratar con la Administración debido a su condición de empleado público y cónyuge.

En el comunicado emitido a raíz de la noticia del escrito de acusación, el Consistorio de Rota insiste que «se le encomendaron estos encargos fuera de su jornada laboral con el fin de no perjudicar el servicio al que está adscrito y atendiendo a un criterio meramente técnico debido a su acreditada y reconocida profesionalidad en este campo». Por ello, sostiene que «no hubo intento alguno de lucro ni perjuicio para las arcas municipales».

Prescripción

Además subraya que, pese a que los hechos se circunscriben al periodo 2007-2010, el citado funcionario «lleva realizando estos trabajos extra de manera ininterrumpida desde el año 1987». Por eso se pregunta: «si antes estaban bien» porque «ahora mal», ya que «sólo ha cambiado el sistema de pago», que «antes era por factura y, posteriormente, se le computaron los encargos por gratificaciones».

La investigación judicial tuvo que detenerse en el año 2007 porque con anterioridad a esa fecha, las supuestas acciones delictivas cometidas habrían prescrito. Por eso, el límite temporal del caso fue fijado en ese año; si bien, fuentes del caso confirmaron que esa práctica de encargarle al funcionario la confección de prendas venía de años atrás.

Eva Corrales y Lorenzo Sánchez acusan a IU, que finalmente no se ha personado en la causa, de la «denodada persecución» que, a su juicio, ejercen contra este trabajador municipal, cuyo «único delito ha sido cobrar su trabajo haciendo lo mismo que venía haciendo desde hace más de 20 años y que todo el Ayuntamiento sabía que era él quien los realizaba».

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