Anticorrupción pide que declaren como testigos los exconsejeros Soler y Ávila

El Ministerio Público quiere interrogar como testigos a todos los consejeros de Innovación que ostentaron este cargo durante el tiempo que permaneció vigente el plan Bahía Competitiva entre los años 2007 hasta su desmantelamiento en 2011. El fiscal Anticorrupción centra sus pesquisas en estos momentos en el funcionamiento interno de este programa de captación de inversores que resultó ser un fracaso.

El 'caso Bahía Competitiva' trata de dilucidar qué ocurrió para que más de veinte millones de euros en ayudas no se emplearan en la creación de empresas sino en lucrar presuntamente a un grupo de empresarios, imputados también en las diligencias. La investigación se centra actualmente en el papel que tuvo la Administración regional como uno de los soportes de dicho programa; si hubo una falta de control de las inversiones o si existió alguna instrucción para beneficiar una serie de proyectos empresariales que resultaron ser un fiasco.

A principios de octubre ya declaró como testigo Francisco Vallejo. Él fue uno de los firmantes del convenio donde se desarrollaba el funcionamiento del plan, cuáles eran los órganos de decisión y cómo se iba a constituir la comisión evaluadora que debía seleccionar qué empresas recibirían ayudas en cada convocatoria. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción le ha solicitado a la jueza del Instrucción nº 4 de Cádiz que cite a los dos sucesores de Vallejo en la misma Consejería: Martín Soler y Antonio Ávila.

Soler ocupó esa cartera entre abril de 2009 y marzo de 2010, con José Antonio Griñán ya como presidente. Bajo su mandato llegó a anunciar la instalación de varios proyectos y a descorrer la cortinilla de la placa que suponía la instalación oficial de Gadir Solar, una de esas empresas que debían haber absorbido parte de la mano de obra de Delphi.

La planta de placas fotovoltaicas se presentó como el nuevo exponente de la industria que iba a transformar el tejido económico de la Bahía. Pero tras 32 meses de actividad, echó el cierre y la Junta le reclamó los 14, 6 millones de euros que recibió para instalarse en Cádiz.

Antonio Ávila tomó el relevo en la Consejería en marzo de 2010. Bajo su mandato se desencadenaron los acontecimientos que acabaron enterrando el plan. En julio de 2011, el Ministetrio de Industria publicaba en el BOE el inicio de expedientes sancionadores contra tres empresas para que devolvieran más de 14 millones porque no habían usado los i. Detrás de estas sociedades estaba el empresario gallego Manuel Alejandro Dávila Ouviña, uno de los supuestos artífices del fraude que acabaría en prisión en noviembre de ese año.

La Junta asegura que puso en manos de la Justicia el caso el detectar irregularidades en la documentación que había presentado Ouviña para obtener más ayudas. Aunque la jueza ha acabado imputado a la gerente provincial de la Agencia IDEA, Rosa Melladado y a la entonces delegada provincial de Innovación, Angelines Ortiz.

En agosto de 2011, la oficina del plan Bahía Competitiva echaba el cierre sin consolidar proyectos empresariales solventes que crearan empleo. Su gerente, Antonio Perales , hermano del histórico dirigente socialista Alfonso Perales, era cesado y cuatro meses después era imputado por haber sido el supuesto valedor de las empresas de Ouviña.

La petición del fiscal previsiblemente será admitida por la jueza; si bien la magistrada Lourdes del Río aún no ha respondido. A tenor de la declaración de Francisco Vallejo, se espera que los otros dos exconsejeros se distancien de la gestión del Plan Bahía. Francisco Vallejo dijo desconocer el contenido de las reuniones en las que se decidía el listado de proyectos subvencionables; que ese tipo de cuestiones "no llegaban al consejero". Y con cierta sorna afirmó a los periodistas que le esperaban en la puerta que su citación obedecía exclusivamente al cargo que ostentaba.