La Audiencia Nacional impone penas de hasta once años para la banda del Tapadera y el Cabrero

En marzo de este año, la Guardia Civil sacaba a la luz un patrimonio de once millones de euros, conformado por bienes inmuebles, sociedades mercantiles, vehículos, productos financieros y hasta caballos de pura raza adquiridos por una familia de Lebrija y un supuesto empresario de Sanlúcar, vinculados al negocio del ladrillo. Pero José Luis Rodríguez y José María Puerto no eran conocido en el mundillo del narcotráfico como prósperos emprendedores que habían amasado una fortuna sin cruzar los límites de la ley.

El primero, apodado el Tapadera, se le señalaba en esos círculos como el cabecilla de una banda que introducía hachís por la costa gaditana. El segundo, que había tenido como primer oficio el de cabrero, contaba ya con antecedentes penales que confirmaban cualquier sospecha.

En 2012 cayeron juntos en una operación antidroga, bautizada 'flotador'. Ahora, la Audiencia Nacional les ha impuesto condenas severas pese a ser tráfico de hachís: 11 y 7 años respectivamente.

El tribunal considera probado que ambos formaron parte de una banda organizada, que usó al menos desde el año 2011 hasta su detención distintos puertos deportivos de la provincia gaditana para introducir hachís en embarcaciones. El nombre de la operación policial vino por la forma particular en la que estos narcos ocultaban la mercancía. Modificaban los flotadores externos de las lanchas, reemplazándolos por unas estructuras similares de poliuretano que no iban cargadas de aire comprimido sino de hachís.

No sería en Cádiz donde los investigadores del Instituto Armado y de Vigilancia Aduanera dieran el hachazo definitivo para desmantelar a este grupo. Una incautación en Vera (Almería) fue el punto y final de esta organización y de sus miembros más pesados, que a día de hoy siguen en prisión.

Frenados en Almería

La sentencia de la Audiencia Nacional, que acaba de conocer LA VOZ, detalla cómo el Tapadera, en calidad de jefe de la organización, en connivencia con el Cabrero, responsable de la infraestructura para los alijos, decidieron explotar la vía de entrada por el puerto de Villaricos, en Almería, después de que dos de sus embarcaciones fueran descubiertas con droga en la costa de Portugal y en el río Guadalquivir.

El 11 de marzo de 2012, la Guardia Civil de La Garrucha, que ya estaba alertada, interceptó un todoterreno que remolcaba una embarcación con destino a un polígono próximo. En el puente de mando del barco, los agentes localizaron un habitáculo que guardaba 1,2 tonelada de hachís. Dos de los miembros de la banda fueron arrestados junto a la mercancía. Tres días más tarde eran apresadas otras ocho personas, entre ellas el Tapadera y el Cabrero. Los diez arrestados en la ‘operación Flotador’ han sido finalmente condenados.

La Audiencia Nacional asumió el caso al comprobar que la organización, con miembros de Lebrija ( Sevilla) y Sanlúcar, había operado en más de una provincia. Ahora la Sección Cuarta de la sala de lo Penal ha sentenciado a once años de cárcel a José Luis Rodríguez por un delito contra la salud pública, agravado por su condición de jefe de la organización, la extrema gravedad y la notoria importancia de las cantidades de droga aprehendidas.

José María Puerto ha sido condenado a siete años, ya que los magistrados dan por válido el organigrama de la banda que elaboró la Guardia Civil y que sitúa al Cabrero como colaborador estrecho del Tapadera pero en un peldaño inferior.

La misma pena ha sido impuesta al otro lugarteniente de la banda a ojos de los investigadores: Juan Antonio Márquez. Hasta la fecha, a este sanluqueño de apenas 20 años no le constaban antecedentes penales. La Audiencia Nacional lo considera también otro de los estrechos colaboradores del Tapadera. Sus funciones fueron desde el alquiler de la nave de Almería donde iba a ser descargada la droga hasta la vigilancia de los movimientos de las embarcaciones que fueron aprehendidas antes de la operación que acabó fracasando en Vera.

A otros cinco procesados, entre los que se encuentran un hermano de José Luis Rodríguez y un hijo de José María Puerto, el tribunal les impone penas de seis años de cárcel por entender que tuvieron un papel específico dentro de la organización, que los convertía en subordinados de los jefes.

Por último, una hija del Cabrero y un ciudadano marroquí han sido sentenciados a las penas más bajas, dos años y medio como cómplices de la banda.

De ignorada solvencia

La causa que ha sido juzgada se limita al delito contra la salud pública. A raíz de esta operación, el equipo de blanqueo de la Comandancia de la Guardia Civilde Cádiz estudió el patrimonio de los miembros de la banda y destapó un imperio de once millones de euros. Esa segunda parte de la investigación sigue instruyéndose.

Llama la atención que en la sentencia de la Audiencia Nacional se indique que tanto el Tapadera como el Cabrero tienen una ignorada solvencia cuando las pesquisas del Instituto Armado los vinculan con propiedades, vehículos, empresas...Como detalle, durante el registro a una de las naves propiedad de la familia del Cabrero en Lebrija, donde se modificaban las embarcaciones, un perro detector encontró unos 300.000 euros en metálico escondidos entre chatarra.

Los investigadores, que acabaron deteniendo a 21 personas el pasado marzo por blanquear los beneficios obtenidos por estos narcos, tienen respuesta para esa supuesta ignorada solvencia. La mayor parte de su patrimonio está a nombre de testaferros y familiares.

Una de las implicadas en esa red 'lavadora' de dinero es la esposa de José María Puerto, quien reconoció ante la Guardia Civil que no sabe ni leer ni escribir. Sin embargo, cuando los ingresos de su marido con el tráfico de drogas comenzaron a despuntar, los agentes sostienen que la pareja modificó su régimen matrimonial y esta ama de casa pasó a ser la dueña de numerosas sociedades y a controlar, sólo en el papel, todos los bienes puestos a nombre de esas empresas.

Además de la pena de cárcel, los dos narcos deberían pagar una multa que sumando todas las cuantías supera los 23 millones de euros. Unas sanciones económicas que nunca satisfacen los condenados por delitos contra la salud pública.