La venta de 70 sedes pasa factura a la Junta: paga un 29% más en alquileres

En 2014 el Gobierno andaluz vendió en bloque 70 edificios a un fondo de inversión inmobiliario norteamericano, WP Carey, para hacer caja y reducir el déficit público.La operación, que le reportó unos ingresos inmediatos de 300 millones de euros en un momento en el que éstos escaseaban por la crisis, ha empezado a pasarles factura a las arcas autonómicas. La Junta de Andalucía vendía pero se quedaba como arrendatario con el compromiso de pagar a su comprador 23,6 millones de euros anuales (33 millones con el IVA) durante veinte años.

Las consecuencias ya se están notando en las cuentas públicas. El gasto enalquileres se ha disparado un 29 por ciento en un año, entre 2014 y 2015. La partida destinada a arrendamientos de edificios de las consejerías y agencias administrativas alcanzó los 80,39 millones de euros en 2015.

Son 23,5 millones más de lo que pagaba antes de desprenderse de este patrimonio, según datos de ejecución extraídos de la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento andaluz.

El coste de los alquileres va a continuar encareciéndose. Prueba de ello es que el proyecto de presupuestos para 2017 reserva una partida de 89,74 millones de euros (contabilizados en la aplicación 202 de las cuentas públicas que se están debatiendo en la Cámara andaluza). Es superior al crédito final previsto para el cierre de este año: 88,1 millones.

En diciembre de 2014, la administración autonómica pasó de ser propietaria de los inmuebles a inquilina de los mismos mediante una operación de enajenación directa y posterior arrendamiento, lo que en el argot inmobiliario se conoce como sale and leaseback.

Tras una ardua negociación, que contó con el asesoramiento de CBRE (una consultoría con sede en Los Ángeles), la Comunidad se deshizo de un lote de 70 sedes de su propiedad por 300 millones de euros, 25,5 millones menos de su valor de tasación, aunque superior a los ingresos que contabilizó en sus cuentas (292 millones).

El 92 por ciento de los inmuebles (con una superficie total de 258.985 metros cuadrados) están ubicados en las capitales de provincia. Se trata de oficinas y sedes administrativas de consejerías situadas en zonas muy cotizadas de las ciudades, concretamente en barrios céntricos. El 44 por ciento de los edificios están en Sevilla.

La macro operación supone una pesada losa para la báscula financiera de la Junta a corto y largo plazo. En 2034, cuando vencerá el acuerdo formalizado el 4 de diciembre de 2014, la Junta de Andalucía habrá desembolsado 660,4 millones de euros (IVA incluido) por quedarse como inquilino en los edificios que vendió a su casero, que cuenta con una filial en España, Inversiones Holmes. Es decir, va a pagarle 472 millones de euros más del dinero que ingresó por una enajenación que el Ejecutivo andaluz celebró como un «éxito» porque había logrado «colocar el mayor paquete de venta de inmuebles que hasta ahora han sacado al mercado las comunidades autónomas», en referencia a operaciones parecidas que llevó a cabo Madrid, Cataluña o Valencia. La adjudicataria se congratuló de «la oportunidad de comprar una cartera de edificios de oficinas del Estado español de Andalucía» (sic). Le tocará a ella sufragar los tributos que gravan la propiedad como el IBI y el mantenimiento estructural de los edificios. Un «ahorro» que la Junta cifró en 30 millones de euros.

Los edificios más caros del lote son la sede de la Consejería de Agricultura, en la calle Tabladilla, por el que la Junta paga una renta neta de 2,5 millones de euros al año; la sede de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en la avenida de Hytasa (1,54 millones); el edificio administrativo de la calle Tomás de Aquino en Córdoba (1,4 millones), y la sede de Canal Sur Televisión en San Juan de Aznalfarache (1,1 millones de euros). La cadena pública también tiene de casero al fondo americano. Los inmuebles vendidos disponen de 949 plazas de aparcamiento. Ninguno de ellos está catalogado como Bien de Interés Cultural.

El acuerdo recogía una cláusula que no se mencionó en la nota explicativa que la Consejería de Hacienda y Administración Pública envió a los medios de comunicación tras cerrar la adjudicación. Al tratarse de un fondo de inversión con sede en Nueva York, líder en la adquisición de inmuebles ocupados por un solo inquilino, si surge una controversia durante la vigencia del contrato, la comunidad autónoma tiene que someterse al arbitraje internacional de la Corte de Londres.

En el PP fueron beligerantes con esta operación. El diputado José Antonio Miranda resumió la operación con una frase «coge el dinero y corre» en una comparecencia parlamentaria de la consejera de Hacienda. María Jesús Montero justificó la operación por que va a «reforzar la solvencia y sostenibilidad de las finanzas de Andalucía» y preservar servicios públicos. El actual portavoz del PP de Economía en el Parlamento, Jaime Raynaud, en cambio, denuncia que «la política patrimonial de la Junta es inconexa y dispersa» y le demanda que aclare «qué quiere hacer con sus inmuebles».

Las cuentas autonómicas para 2017 prevén ingresar 94 millones de euros mediante la venta de inmuebles. «No sabemos en concepto de qué, el oscurantismo de la Administración en este terreno es enorme», critica el parlamentario autonómico. Raynaud apremia a la Junta a «actualizar el valor de su patrimonio mediante un plan integral que permita conocer con transparencia el coste de esos alquileres y cómo se están rentabilizando los inmuebles».