EL FIN DE ETA EN SUELO ANDALUZ

«Los terroristas han destrozado la vida de más de 2.200 personas en Andalucía»

El presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo hace un balance del reguero de sangre y secuelas de la organización criminal

Manifestación en Sevilla con motivo de la muerte de Miguel Ángel Blanco en 1997, con Manuel Chaves a la cabeza EFE

ROMUALDO MAESTRE

Alfredo J. Suar Muro, médico; Conrada Muñoz, madre de un funcionario; Manuel Pérez, funcionario de prisiones; Donato Calzado y Jesús Sánchez, presos comunes; Edmundo Sánchez, visitante de la prisión; Manuel Ayllón, sargento del Ejército de Tierra ; Domingo Puente, peluquero de la base aérea de Armilla; Alberto Jiménez- Becerril, concejal del PP y su esposa, Ascensión García Ortiz; José María Martín Carpena, también concejal del PP ; Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... Así hasta 19 asesinatos de la banda terrorista cometidos en suelo andaluz. Sin distingos de profesión ni condición. El terrorismo era de todo menos selectivo, se llevaba por delante a quien hiciera falta si entraba dentro de sus objetivos marcados por la dirección, lo mismo tuviera entre sus manos unas tijeras de cortar el pelo o la interpretación de las leyes.

A los casi veinte muertos en Andalucía hay que unir unos doscientos andaluces o residentes, en cifras redondas, asesinados en el resto de España. Joaquín Vidal, presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT) le pone un número al terror: «Las verdaderas víctimas han sido las familias, los muertos no eran sólo el núcleo del desastre, sino lo que dejaban detrás, nosotros calculamos incluyendo familiares más de 2.200 afectados por el terrorismo en nuestra comunidad a los que la banda ha destrozado la vida». «Familias que se destruyen, hijos que ya no pueden seguir estudiando o que tienen problemas para colocarse . Madres y esposas que después de haber pagado el altísimo precio de una muerte o fuertes secuelas tienen que emprender una lucha denostada contra el Estado para buscar la reparación y la justicia. Porque si usted se lee los preámbulos de todas las leyes de daños por el terrorismo son maravillosos, pero la letra pequeña es otra cosa, ahí empezaba otra batalla contra la administración», señala Vidal, que sufrió en sus propias carnes el atentado con paquete bomba en la prisión de Sevilla 1.

Los daños psicológicos

Uno de los principales escollos a los que se enfrentaban las víctimas de los atentados cometidos en los años 80 y 90 no solamente en Andalucía sino en toda España era la poca consideración que existía de las secuelas psicológicas. «En aquella época era muy difícil que te reconocieran una minusvalía psíquica», apunta Francisco Muñoz , jefe de servicio de la prisión de Algeciras, que se enteró que era objetivo de la banda cuando detuvieron a un comando. Su nombre, el de su mujer y el de sus hijos y la dirección donde vivían estaba entre los papeles. Tuvo que ocultárselo a los pequeños que se han enterado hace poco del drama que sufrió su padre.

Joaquín Vidal va más allá: «En el reparto de las tarjetas a nosotros nos tocaron las de morir y a ellos las de matar , porque encima les ha salido bien la jugada, no hay nada más que ver las condenas de los terroristas, lo barato que les ha salido matar».

«Los hijos tienen todo el derecho del mundo a saber quién es el asesino de su padre»

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las víctimas del terrorismo es a los 358 casos que quedan por resolver. Como era de esperar, en el comunicado de disolución de la banda no solamente no se ha pedido perdón, sino que tampoco se ha mostrado el más mínimo interés de colaborar con la Justicia para esclarecerlos . «Los hijos tienen todo el derecho del mundo a saber quién es el asesino de su padre. Ante todo lo que buscamos es la equidad y la igualdad en la reparación del daño causado. La diferencia de indemnizaciones para familiares de una víctima que no ha tenido juicio oral es brutal», apunta el presidente de la AAVT.

La Junta de Andalucía se ha tomado muy en serio las indemnizaciones a las víctimas y entre 2014 y 2017 les ha entregado más de cinco millones de euros . En 2010 aprobó ya medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la comunidad autónoma. Los destinatarios podrían ser tanto personas privadas, físicas o jurídicas. Cabe recordar por último que en Andalucía es donde se encuentran el mayor número de presos de ETA. De los 245 de España, 88 están en Andalucía, con Cádiz a la cabeza donde tiene 32 etarras cumpliendo condena.

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