Despedida de efectivos de Policía Nacional en Cádiz
Despedida de efectivos de Policía Nacional en Cádiz - L.V.
DESAFÍO EN CATALUÑA

La sociedad civil andaluza se moviliza ante la secesión

Numerosas asociaciones, colegios de abogados, de empresarios... muestran su rechazo a la ilegalidad del referéndum catalán

SEVILLAActualizado:

Es la España silenciosa, la que no sale en los telediarios porque no forma tumultos ni se manifiesta, la que en Andalucía ha reaccionado ante el referéndum ilegal del 1 de octubre perpetrado por los secesionistas con un único objetivo: romper la unidad y la Constitución de 1978 en la que dice bien claro que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y no en unos pocos.

Hace una semana los padres del colegio Tabladilla en Montequinto, Sevilla, decidieron después de ver las imágenes de los guardias civiles rodeados en Barcelona y sus coches destrozados, quedar a la salida para ir todos a la Comandancia (en medio de un descampado) y darles un homenaje. Dicho y hecho.Unas doscientas personas delante del cuartel aplaudían y vitoreaban cada vez que los agentes entraban o salían del cuartel. Días después se hacía lo mismo en las capitales de Córdoba y Almería en las rotondas donde ondea la bandera de España.

«No estáis solos», en referencia al trabajo de prevención de desórdenes, fue el grito más coreado.

Cuando se supo la movilización especial de guardias civiles y policías nacionales, a los cuales se les suspendieron los permisos y vacaciones pendientes, para desplazarse a Cataluña, numerosos familiares, compañeros y amigos los despidieron de forma muy calurosa. Ocurrió en Huelva, en Cádiz, en Córdoba, en Jaén, en cualquier comisaría o cuartel que mandase allí efectivos. Entre gritos de Viva España o el deportivo «A por ellos, oe», referidos a cuantos aseguran que no cumplirán la ley. «No estáis solos», en referencia al trabajo de prevención de desórdenes que tendrán que realizar, fue el más coreado.

Banderas

La idea de que lo que ocurra en Cataluña afecta a Andalucía va calando en la calle. En muchos balcones de pueblos y grandes ciudades andaluzas empiezan a colgarse la bandera de España. También en los escaparates de algunas tiendas y en las antenas de los coches. Los que comercian con estas insignias hablan de ventas sin precedentes. La bandera española será la única que ondee en las concentraciones que ante los ayuntamientos ha convocado este mediodía la Fundación para la Defensa de la Nación Española.

Las redacciones de los medios de comunicación empiezan a recibir manifiestos, cartas, comunicados, de muchas organizaciones de la sociedad civil que quieren dejar constancia de su apoyo a la Constitución y la unidad de España. Entre otras, destacamos, la de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) que en su última reunión decidieron respaldar, por unanimidad, la propuesta presentada por su presidente, Javier González de Lara, ante «la deriva nacionalista en Cataluña», y reiterar públicamente el compromiso firme con «la Constitución, con la unidad de España».

Desde la Cámara de Comercio de Sevilla apelan como prioridad a «la normalización política, social e institucional de Cataluña en beneficio de todos los catalanes y del resto de los españoles. A los partidos le corresponde actuar con alturas de miras, con voluntad de recomponer los cauces de diálogo». También el comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Córdoba CECO y Sevilla Abierta, que se define como un «foro plural para fortalecer el papel de la sociedad civil en la articulación de la ciudad con una mentalidad de sociedad abierta y moderna», se posiciona en contra del referéndum catalán. La entidad recalca que «uno de los valores que sustentan su declaración fundacional es la defensa de las libertades colectivas e individuales».

«No existe mayor humillación para la ciudadanía que la que deriva de la aniquilación del efecto protector de la legalidad», afirman desde Unión Cívica

Los representantes de la Unión Cívica del Sur de España, entidad que procura revalorizar el eje Sevilla-Málaga, después de hacer una encendida defensa de los estatutos de autonomía aseguran sentirse «íntimamente humillados, despreciados y violentados por los comportamientos impulsados por responsables institucionales y sociales de Cataluña». Así añaden que «no existe mayor humillación para la ciudadanía que la que deriva de la aniquilación del efecto protector de la legalidad que debe ampararnos; no hay mayor desprecio que el que se evidencia con la utilización prepotente, torticera y perjura de una posición de poder, pisoteando a la gente común y las leyes que se prometió defender y hacer cumplir; no hay, en fin, mayor violencia que la mentira utilizada como relato justificador de la quiebra de la democracia».

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados también daba a conocer ayer un comunicado institucional «en defensa del Estado social y democrático de Derecho como pilares de la convivencia pacífica». En la misma línea piensa la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga que mostraba «su más firme rechazo al proceso soberanista de Cataluña que ha desembocado en la convocatoria de un simulacro de referéndum sin ninguna garantía jurídica y que supone un desafío sin precedentes a la Constitución y al Estado de Derecho». También el de Sevilla pide «a todos los poderes públicos que garanticen el respeto a la legalidad en la difícil coyuntura que se está viviendo en la comunidad catalana».

Cámaras de Comercio

Por su parte, el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio también ha mostrado a través de un comunicado su postura ante la «crítica situación que ha provocado la actitud del sector independentista de Cataluña, rebelándose contra las instituciones democráticas contra la Constitución y la propia legislación autonomía vigente en dicha comunidad».

En este sentido, el Consejo manifesta «con toda claridad» su apoyo a la actitud del Gobierno español en defensa de la legislación vigente y al sistema judicial que con sus actuaciones no hace más que evidenciar que todos somos iguales ante la ley y hemos de someternos a su cumplimiento.

«El respeto a la Constitución y a la legalidad que de ella emana es la principal garantía de la convivencia democrática, y por tanto de un sistema político en el que tanto los empresarios como los trabajadores necesitamos de unas reglas de relación que nos homologuen con los países desarrollados de Occidente», abunda el comunicado.