Los sindicatos amenazan con movilizaciones ante la anulación de las 35 horas

CSIF considera la sentencia del TC un «ensañamiento» del Gobierno central con los empleados públicos andaluces

Manifestación de CSIF-A ABC

ABC

CSIF Andalucía ha lamentado la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional , aunque respeta las decisiones judiciales, sobre la jornada laboral de 35 horas semanales en la Función Pública andaluza y critica el «ensañamiento» del Gobierno central con los empleados públicos andaluces, por lo que estudiarán movilizarse si el Ejecutivo central no «rectifica» .

Así el sindicato, estudia movilizaciones para reclamar «un derecho recortado dos veces por el mismo gobierno que sigue insensible con Andalucía y que pondrá en peligro más de 8.000 empleos ».

En una nota, el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, ha exigido al Ejecutivo de Rajoy que «acepte la propuesta del sindicato a nivel nacional para reinstaurar esta jornada de 35 horas como normativa básica estatal, como llevamos reclamando en todas las mesas de negociación desde que se recortó este derecho en 2012».

A su juicio, «se trata de un nuevo ataque del Gobierno central, que esperamos sepa rectificar en las negociaciones que estamos llevando en todos los niveles de la administración para que la jornada de 35 horas se reinstituya considerándose normativa básica» y ha advertido de que, «de no ser así, estudiaremos movilizaciones».

Por su parte, el Sindicato de Enfermería (SATSE) de Andalucía ha lamentado el fallo del Tribunal Constitucional y ha expresado que «una vez más, serán los empleados públicos y los ciudadanos los que sufran las consecuencias del enfrentamiento entre administraciones de distintos signos políticos.

No obstante, SATSE, asegura que la sentencia del TC «era en cualquier caso previsible vistos los casos previos de otras comunidades en los que ha mantenido la misma doctrina Asimismo, el sindicato recuerda que lleva meses de movilizaciones reclamando un acuerdo entre Administración Central y Autonómica para dejar de utilizar a los empleados públicos como rehenes del enfrentamiento político».

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