El expresidente de la Junta José Antonio Griñán, a su llegada ayer a la Audiencia Provincial de Sevilla - J.M. SERRANO
CASO ERE ANDALUCÍA

¿Puede una decisión de la juez Núñez suspender el juicio del caso ERE?

Un acusado del caso busca anular el juicio por una decisión de la juez Núñez

SEVILLAActualizado:

La cuestión que marcará las próximas páginas del juicio de los EREes: ¿podía un juez de refuerzo como Álvaro Martín instruir la pieza política que ha sentado a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el banquillo de los acusados? La juez María Núñez Bolaños entiende que sí cuando delegó en su juez de apoyo «el conocimiento y tramitación» de esta causa, centrada en el procedimiento especifíco de financiación y reparto de las ayudas irregulares. Pero la defensa de uno de los acusados, el exdirector general de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozano, cuestiona esta decisión alegando que se violó el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley, consagrado por la Constitución Española. Aún no se ha planteado esta cuestión previa y, seguramente no será hasta el 9 de enero, hasta que se reanude la vista oral a la vuelta de las Navidades, cuando el letrado José María Mohedano, que también defiende a Griñán, pueda defender esta tesis. Pero desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la juez titular del juzgado de Intrucción número 6 de Sevila ya se han anticipado para disipar las dudas que se ha vertido sobre la investigación realizada por un juez que estaba en régimen de comisión de servicios.

Desde el TSJA facilitaron ayer el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno de este órgano el 14 de diciembre de 2015

Desde el TSJA facilitaron ayer a la Prensa, entre otros documentos, el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno de este órgano el pasado 14 de diciembre de 2015 que aprobaba el plan de actuación presentado conjuntamente por la magistrada y el juez de refuerzo. Núñez delegaba en éste la instrucción de seis piezas de los ERE, incluida la que ahora se enjuicia, «con la finalidad de conseguir celeridad y una respuesta ágil, dando un impulso de especial relevancia a la tramitación de las diligencias previas» 174/2011, la macrocausa de los ERE.

La petición de la Defensa constituye un auténtico torpedo en la línea de flotación de una causa que ha llevado a juicio a Chaves y Griñán, presidentes durante 23 años ininterrumpidos. De admitirse, se anularían todas las actuaciones adoptadas por el juez Álvaro Martín desde diciembre de 2015 hasta finales de 2016, incluido el auto de procedimiento abreviado (PROA) que daba por finalizada la instrucción de la pieza política, la resolución que incriminó a 26 exaltos cargos de la Junta. La Audiencia de Sevilla luego exculpó a cuatro de ellos.

Una gran incógnita

Muy pocos confían en que semejante órdago al proceso tenga visos de prosperar, porque esta defensa ya planteó este asunto ante el juzgado y no prosperó. Sin embargo, fuentes del caso consultadas distinguen entre el papel que ejerció Álvaro Martín en la etapa de Mercedes Alaya, cuando se limitó a prestarle apoyo en el juzgado, y su actuación bajo el mandato de Núñez, a la que prácticamente sustituyó en la instrucción de la causa más decisiva de los ERE. La pieza que marcará el devenir de los 200 casos pendientes de instruirse y enjuiciarse, que afectan a las empresas que recibieron ayudas irregulares conforme a la famosa partida 31L.

Pero todo esto se resolverá a la vuelta de las Navidades. La segunda sesión del juicio se dedicó ayer íntegra a la lectura de los escritos de defensa de los expresidentes, de cinco exconsejeros (sólo la letrada de José Antonio Viera evitó a la sala su reiteración) y del exdirector general de Presupuestos. Todos los acusados ocuparon las sillas de la jornada inaugural del juicio, pero sin los pelotones de micrófonos, focos y reporteros del primer día.

En referencia a la polémica cobertura de Canal Sur Televisión, la cadena salió ayer al paso de las críticas del PPcon un comunicado en el que aseguró que fue el medio español que más minutos dedicó al juicio, pero no aclaró por qué no había conectado en directo con la Audiencia de Sevilla cuando comenzó la vista oral, como hicieron otras cadenas de ámbito nacional.

No conocían el fraude

La novedad había decaído. Fuera y dentro de la sala. Las defensas de Chaves y Griñán y la de todos los que decidieron expresarse insistieron en lo mismo: que no conocían ni pudieron conocer el fraude que se estaba maquinando en la Consejería de Empleo. Dibujaron un escenario en el que los departamentos de la Administración funcionaban como compartimentos estancos con el único nexo de que todos se nutrían de los presupuestos año tras año.

Chaves y Griñán apuntaron a sus subordinados y a la ausencia de un informe de actuación del interventor alertando de un posible menoscabo de fondos. Curiosamente, la falta del informe de la discordia al que no todos aluden no se menciona ni el auto de PROA ni en la acusación de la Fiscalía.

El tribunal evitó que se leyera el escrito que presentó la Junta para pedir el archivo de la pieza que se juzga, como solicitó la abogada del exconsejero Francisco Vallejo. El ponente de la sala, Juan Antonio Calle, lo rechazó con un argumento contundente: «No procede la lectura de un escrito de alguien que ya no es parte en el procedimiento». La letrada protestó.