CASO ERE

El PSOE defiende solamente a Chaves y Griñán y calla con el resto de los acusados

Silencio sobre los otros 26 ex altos cargos de la Junta que se enfrentan a la Justicia por malversación de dinero público

Susana Díaz habló este viernes con los medios de comunicación - EP
JUAN J. BORRERO Sevilla - Actualizado: Guardado en:

Llama la atención que solamente el PSOE ciña su defensa a los dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán por la acusación de los ERE por la Fiscalía y calle los demás casos. Un mensaje común en el que se echa en falta la exclusión total de alusiones al resto de 26 ex altos cargos socialistas procesados, entre ellos los seis exconsejeros de la Junta, y en especial a los cuatro (José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo) para los que Anticorrupción pide penas de entre seis y ocho años de prisión. Ni una simple alusión de pasada en todas las reacciones de dirigentes socialistas dentro y fuera de Andalucía a un plantel de políticos que tuvo mucho peso político en la vida orgánica del partido durante años.

Por eso no pasó desapercibido el añadido de Susana Díaz cuando destacó ayer su petición de que «cuanto antes» (insistió en la urgencia) «los que se beneficiaron como responsables de los hechos paguen por lo que hicieron»; algo que, según la presidenta, «nos abochorna a todos».

El apunte tiene todo el interés por cuanto la Junta, personada como acusación en el caso, tendrá que presentar en el plazo máximo de un mes sus calificaciones con los delitos y penas correspondientes para cada uno de los procesados. Cuando ayer le preguntaban a Susana Díaz por la identidad de «los responsables» se limitó a decir que «lo dirá la Justicia».

La duda radica en dónde pondrá el listón de su acusación la Junta de Andalucía. Si se limitará al extrovertido director general Francisco Javier Guerrero, que destapó el caso cuando confesó a la Policía la existencia de un «fondo de reptiles», para continuar con la teoría inicial de los socialistas de que el fraude de 800 millones fue cometido por «cuatro golfos»; o si se reconocen responsabilidades en la gestión de los fondos por miembros del Consejo de Gobierno, en especial de quienes tuvieron competencias en materia de Empleo (Viera, Fernández y Vallejo) a los que en todo caso intentará evitar implicarlos en el delito de malversación que conlleva penas de prisión.

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