El centro comercial Nevada, en Granada
El centro comercial Nevada, en Granada - ABC

Los proyectos paralizados por la Junta que costarán una factura millonaria a los andaluces

Sus bandazos sobre el centro comercial Nevada, el almacén de gas y el Algarrobico pueden costarle más de 500 millones

SEVILLAActualizado:1234
  1. El Nevada Shopping, un «error» de 165 millones de euros

    Centro comercial Nevada en Armilla, Granada
    Centro comercial Nevada en Armilla, Granada - ALFREDO AGUILAR

    Cualquier persona tiene derecho a cambiar de opinión, pero cuando la que se rectifica a sí misma es una administración y sus bandazos dejan en suspenso un contrato o una inversión millonaria, la inconsistencia o los errores casi nunca salen gratis. El empresario afectado puede reclamar en los tribunales una indemnización astronómica en concepto de daños y perjuicios. La norma le ampara. El reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas permite al promotor endosar al responsable de la paralización de una infraestructura una factura por los costes directos realizados (mano de obra, materiales, gastos de amortización y conservación de la maquinaria) e indirectos (oficinas a pie de obra, edificación de almacenes y hasta imprevistos).

    En la crónica andaluza del despilfarro, el Nevada Shopping, el centro comercial construido por el empresario Tomás Olivo en el municipio granadino de Armilla, merece un capítulo aparte. Por primera vez se ponen números a la inseguridad jurídica que los titubeos y el ordenancismo extremo de la Administración autonómica genera en los inversores.

    La Sala Contencioso-administrativa del TSJA declaró que General de Galerías Comerciales, promotora del centro comercial recientemente inaugurado, tiene derecho a ser indemnizada con 165 millones. Tanto la Junta como el empresario están disconformes con la sentencia y han recurrido el fallo ante el Supremo: uno por exceso —la Junta alega que no debe pagar nada porque «actuó siempre en función de sus competencias y en defensa de la legalidad»— y el otro por defecto. Olivo reclama una indemnización aún mayor (277 millones) por las pérdidas que le ocasionó el parón. La Administración andaluza, que había dejado pasar el plazo sin impugnar la licencia, pidió la revisión el permiso cuando ya era demasiado tarde.

  2. Almacén de Gas en Doñana: reclamación de 358 millones

    Espacio natural de Doñana
    Espacio natural de Doñana - EFE

    Otros proyectos parecen abocados a coger polvo en un cajón como el Proyecto Marismas, la iniciativa de Gas Natural para almacenar este combustible en una veintena de yacimientos entre Aznalcázar y Almonte. Durante seis años de gestación, ha ido cubriendo todos los trámites administrativos sin objeciones hasta que el Gobierno andaluz cambió de criterio, entrando en flagrante contradicción con sus propias gestiones, y mandó parar. El Tribunal Supremo ha dado la razón a Gas Natural Fenosa y se la ha quitado a la Junta por bloquear la iniciativa «sin cobertura legal». El promotor ha hecho sus cuentas. El comportamiento tornadizo del Gobierno andaluz puede ser sancionado con 358 millones de euros si prospera la reclamación patrimonial que plantea la empresa ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pendiente de resolución.

  3. El Algarrobico: 70 millones de euros pendientes de la Audiencia Nacional

    Hotel del Algarrobico en Carboneras, Almería
    Hotel del Algarrobico en Carboneras, Almería - ABC

    Otros proyectos ya están sentenciados a muerte y esperan la piqueta. Es el caso de El Algarrobico, el mastodóntico hotel levantado en una playa de Carboneras (Almería), convertido en icono de la desidia institucional y en símbolo de la especulación urbanística en la costa. Su construcción se paralizó hace más de una década, fruto de una maraña de recursos, fallos judiciales contradictorios y dudas administrativas que lo han perseguido de principio a fin.

    La Junta de Andalucía tampoco ha mantenido una postura uniforme respecto al edificio levantado por Azata del Sol en una zona de propiedad autonómica donde no se podía construir, según ha determinado el Tribunal Supremo. La Administración calificó como urbanizable el sector R-5 «El Algarrobico» en 1987, antes de que el terreno formara parte del espacio protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. De hecho, esta polémica mole empezó a edificarse en 2003 con el visto bueno del Ayuntamiento de Carboneras y la Junta, gobernando ambas instituciones el PSOE.

    Tres años después, un juez ordenó paralizar de forma cautelar la construcción del hotel. Fue entonces, ante el revuelo generado, cuando el Gobierno de Manuel Chaves mudó de opinión y ejerció el derecho de retracto para comprar la finca (por 2,3 millones de euros) cuando la obra del establecimiento de 20 plantas y 411 habitaciones estaba muy avanzada. En 2013, la promotora del hotel reclamó ante la Audiencia Nacional una indemnización de 70 millones de euros a las administraciones (Ayuntamiento de Carboneras, el Gobierno y la Junta) por el «anormal funcionamiento» de las instituciones, que en sus inicios no habían puesto reparos al hotel. En febrero de 2016, el Supremo determinó que se había edificado en un suelo protegido de propiedad autonómica. Solución: habrá que derribarlo. Los trabajos de demolición costarán 7,1 millones a la Junta y al Estado.

  4. El fiasco del AVE andaluz: 280 millones invertidos en vía muerta

    Estación fantasma en Pedrera, para el AVE fallido
    Estación fantasma en Pedrera, para el AVE fallido - FRANCIS SILVA

    Unos 280 millones se han gastado en expropiar suelos y en una plataforma entre Marchena y Antequera para un proyecto que no verá la luz. El fiasco se remonta a mediados de la pasada década, cuando Manuel Chaves prometió asumir el coste de la conexión con alta velocidad desde la capital andaluza a Antequera. Con la crisis, la Junta renunció al plan y devolvió 180 millones al Banco Europeo de Inversiones.

    «La intervención rigurosa y a veces caprichosa de las administraciones acarrea consecuencias económicas. Un tribunal ha echado cuentas sobre este proyecto, pero cuántos casos Nevada habrá sin cuantificar», se pregunta un abogado especialista en Derecho Administrativo que cuenta con importantes clientes perjudicados por el comportamiento voluble de las instituciones.

    El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, Aurelio Azaña, considera que el problema radica en la lentitud de los trámites burocráticos y el número excesivo de agentes que intervienen en un proyecto. «Se tarda tanto en poner en marcha un proyecto que aparece una plataforma antiproyecto, al político le entra miedo y busca algún argumento legal para echarse para atrás», señala. La incertidumbre jurídica ahuyenta al empresario, que «no sabe si va a poder invertir o no».