Susana Díaz, con dos de sus consejeros y los responsables de la CEA, UGT y CC.OO.
Susana Díaz, con dos de sus consejeros y los responsables de la CEA, UGT y CC.OO. - J.M.SERRANO
PACTOS

La promesa de Díaz de abrir la concertación social a otros actores, en papel mojado

La presidenta de la Junta sigue firmando los grandes pactos con los interlocutores clásicos: UGT, CC.OO. y la CEA

SEVILLA Actualizado: Guardar
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Han cambiado los nombres propios y la expresión «concertación social» ha sido borrada de los discursos oficiales, arrastrada por el tsunami de causas abiertas por los juzgados que investigan la gestión de los fondos públicos destinados a combatir el mayor estigma que persigue a la Comunidad: el paro. Pero en la mesa del nuevo modelo de diálogo social implantado por Susana Díaz se sientan los mismos interlocutores que hace 23 años, cuando Manuel Chaves instauró un modelo de acuerdos tripartitos que procuraron al PSOE una longeva estabilidad institucional. La paz social no salía gratis. A cambio, los sindicatos y la patronal recibían, a través de convenios, jugosas porciones de los presupuestos de la Junta en forma de subvenciones para impartir cursos de formación, financiar sucursales en el continente americano o incentivos dirigidos a insuflar liquidez a empresas.

El actual Gobierno sigue apostando por UGT y Comisiones Obreras y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Un selecto club que no admite, por ahora, nuevos socios. La promesa de la presidenta de abrir la concertación social a otros actores, vista con recelo por los agentes clásicos, se ha quedado en papel mojado.

Los sindicatos defienden su legitimidad apelando a la Constitución, pero han perdido influencia y afiliados

La última vez que se reunieron, el pasado día 10, estamparon su rúbrica en un catálogo de cláusulas sociales y medioambientales que introducirán los pliegos de los contratos de «la primera empresa de Andalucía», tal y como la definió la presidenta. Al procotolario acto acudieron el responsable de la patronal, Javier González de Lara, y los secretarios generales de UGT-A y CC.OO.-A, Carmen Castilla y Francisco Carbonero —único superviviente del VII acuerdo de concertación—, respectivamente. La firma vino precedida de un bucólico paseo por los jardines del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia autonómica. Un decorado elegido con mimo para retratar al «establishment» andaluz. El mismo atrezo de encuentros anteriores por motivos diferentes: la primera reunión para cambiar el modelo productivo regional (23 de junio de 2015), y la firma de la Alianza por un Turismo Innovador (26 de julio pasado).

Promesa, en papel mojado

Atrás queda la promesa que hizo Susana Díaz en enero de 2014 ante un auditorio repleto de autoridades y representantes de la sociedad civil convocados a un desayuno informativo. La presidenta abogó por «abrir en canal» la concertación para incorporar a la mesa donde se marcan las futuras estrategias económicas en Andalucía a las asociaciones de autónomos, las empresas de economía social, los ayuntamientos e incluso las oenegés. No dudó en invitar al PP a participar en las futuras negociaciones.

Todo hacía pronosticar que el «nuevo tiempo» —su lema político— llegaría también a la concertación. Pesaba en el escenario la alarma social generada por el caso de supuesta financiación irregular de UGT mediante facturas falsas y las acusaciones de estafa a directivos de la CEA por una promoción inacabada de viviendas de protección oficial en Sevilla, causa que luego fue archivada. Hay que retrotraerse a aquella coyuntura. La opinión pública demandaba un vuelco al modelo de la concertación, que se había quedado obsoleto y enfermo. En este diagnóstico coincidían los dirigentes del PSOE e IU, que entonces compartían el Gobierno autonómico.

El Ejecutivo sólo ha dado entrada a algunos colectivos de forma puntual para elaborar programas sectoriales como el Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de Andalucía, en cuya elaboración participó, entre otros, la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA). Sin embargo, la puesta en marcha de nuevos incentivos ha quedado velada por el retraso de la Junta a la hora de liquidar las ayudas de 2015. Los impagos han hecho estallar al presidente de la ATA, Lorenzo Amor, que critica con dureza la burocracia de la Administración.

Una tarta muy codiciada

Los autónomos y otros sectores también hicieron aportaciones a la denominada «Agenda por el Empleo 2014/2020», un prolijo documento de 430 páginas aprobado en julio de 2014 que, entre otros objetivos, se fijaba alcanzar los 3,2 millones de ocupados en 2020, unos 400.000 más de los trabajadores actuales. Pero su rol, salvo en contadas ocasiones, queda restringido a reuniones de trabajo con escasa o nula trascendencia pública. Sigue pesando la renuencia de los actores clásicos a que otros comensales participen de la tarta de la concertación.

La CEA nunca vio con buenos ojos que la mesa de diálogo se abriera a la Confederación de Entidades para la Economía Social Andaluza (Cepes). Los sindicatos de clase, por su parte, defienden su legitimación como agentes sociales apelando a la Constitución Española. Pero en el último lustro han perdido afiliados y poder de influencia en la Administración General de la Junta. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) está a la cabeza de la representación sindical entre los empleados públicos y el SAF es el sindicato más respaldado por los funcionarios autonómicos.

El último acuerdo

El Gobierno andaluz ha pasado por alto estas discordancias. UGT, CC.OO. y la CEA, junto con la propia Administración, son los únicos integrantes de la comisión de seguimiento de la «Agenda por el Empleo», hasta la fecha lo más parecido a un acuerdo de concertación en Andalucía. Los actores de siempre se encargarán de analizar los resultados de los programas contenidos en el documento. Los sindicatos no se conforman con este papel y añoran un pacto a la antigua usanza. El pasado julio, Carmen Castilla afirmaba que «ya era hora de que haya VIII acuerdo, para lo que hay muy buena voluntad pero no se concentra al final en ningún tipo de acción».

Tampoco admite discusión que el VII -hasta la fecha el último- Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, vigente entre 2010 y 2013, no ha logrado su principal reto: rebajar las listas del paro. El pacto suscrito bajo la Presidencia de José Antonio Griñán echó a rodar, al comienzo de la crisis, con una tasa de paro del 26% y cerró por encima del 36%, después de haber movilizado 19.825 millones de euros. La cantidad concreta que fue a parar a los sindicatos y la patronal es un misterio sin resolver. Jamás se publicó el informe que debía evaluar el impacto que tuvo este programa económico.

La ruptura de los sindicatos con el Ejecutivo en 2014, que desencadenó la reclamación de 15,3 millones de euros a UGT por ayudas mal justificadas, ha dado paso a un deshielo de las relaciones. Aplazado este asunto, a la espera de lo que decidan los tribunales de lo contencioso sobre los millonarios reintegros, la Junta mantiene su hoja de ruta. ¿Para qué cambiar una fórmula que ha procurado un cuarto de siglo de tranquilidad política a la única Comunidad gobernada por el mismo partido durante la democracia?

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