Andalucía

El PP recusa a la juez Núñez por las grabaciones del caso Formación

Argumenta que les niega, sin tener competencias, unos audios que pueden comprometerla tras denunciarla por su parcialidad

La juez María Núñez, a la salida de los Juzgados
La juez María Núñez, a la salida de los Juzgados - EFE/JOSÉ MANUEL VIDAL
ANTONIO R. VEGA Sevilla - Actualizado: Guardado en:

El PP ha planteado «formalmente» la recusación de la juez María Núñez Bolaños por negarle la certificación o testimonio de las grabaciones audiovisuales de unas declaraciones de interventores de la Junta de Andalucía que podrían comprometer su instrucción del caso Formación. Como avanzó este periódico, el partido se quejó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que algunos audios entregados a las partes contenían varias partes «defectuosas, incompletas y contrarias al texto de las actas». En un recurso presentado ante el Juzgado el pasado 15 de septiembre y dirigido al CGPJ, al que ha tenido acceso ABC, la acusación que ejerce el Partido Popular solicita la recusación porque considera que la instructora se ha extralimitado en sus funciones, «arrogándose la Sra. Magistrada-juez unas competencias que no le son propias y que legalmente vienen atribuidas a la letrada de la Administración de Justicia (secretaria judicial) con exclusividad y plenitud». Es decir, era la secretaria judicial y no la juez la que debía responder a una petición cursada por el PP el 19 de julio, reiterada el 1 de septiembre pasado, porque es a la primera a la que le compete «custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación» y facilitar la certificación o testimonio de los audios, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En un contundente escrito jurídico que firma el abogado Luis García Navarro, el PP esgrime que el auto dictado el 15 de julio pasado —paradójicamente, cuatro días antes de cursar su petición— por el que Núñez se opuso a entregarle las grabaciones (no las copias de las mismas) sería nulo de pleno derecho «al haberse dictado por órgano manifiestamente incompetente». Precisamente contra esta diligencia interpone el PP un recurso de revisión ante el juez.

Las grabaciones de la discordia son claves para averiguar si los ex altos cargos de la Junta cometieron o no delito. Según las fuentes consultadas, uno de los archivos sonoros facilitados a las partes que aparece cortado afecta al testimonio del interventor de Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, que elaboró un informe de actuación por riesgo de menoscabo de fondos públicos tras hallar un cúmulo de irregularidades en la justificación de las ayudas para cursos. El audio se interrumpe justo cuando la letrada del PP, Lourdes Fuster, comienza a formular sus preguntas al funcionario. En ese momento, supuestamente, la juez le habría dicho que «deje de preguntar por delitos, que aquí no hay delitos».

Uno de los archivos sonoros cortados afecta al interventor de la Junta en la provincia de Huelva

¿Por qué existe esta resistencia a entregar estos testimonios? El PP va más lejos en el torpedo lanzado contra Núñez y aventura en su escrito que la magistrada «tiene especial interés» en no facilitarle las certificaciones solicitadas al PP porque «puede influir» en las diligencias informativas abiertas por el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ tras la denuncia contra ella formulada por el PP. En su escrito, presentado en julio, los populares acusaron a la juez de vulnerar el derecho a un juez imparcial y le atribuyeron dos faltas muy graves en su labor instructora: su presunta predisposición para archivar la pieza política de los cursos de formación, de la que se hicieron eco los medios tras una «filtración», y la falta de motivación de los autos que ha emitido. Entre ellos, el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas contra el exvicesecretario general del PSOE andaluz Rafael Velasco.

En el escrito fechado el pasado jueves en el juzgado, el letrado del PP expone que «promovemos formalmente la recusación de la magistrada juez titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, doña María Núñez Bolaños, al concurrir la causa de abstención». Añade que «no sólo tiene interés en el asunto de que se trata, al ser la autora material del auto de 15 de julio de 2016, que se arguye como excusa denegatoria de las certificaciones interesadas», sino que «también tiene especial interés en otro en cuya resolución puede influir», apunta en referencia al expediente abierto tras su denuncia ante el CGPJ.

El torpedo lanzado contra Núñez es el último capítulo de una larga lista de desencuentros entre el PP y la magistrada desde que se hizo con las riendas del juzgado tras la marcha de Mercedes Alaya a la Audiencia Provincial de Sevilla en junio de 2015. Está por ver las imprevisibles consecuencias que este recurso puede tener, que podría acarrearle una sanción. Fuentes judiciales avanzaron que iba a archivar la causa en la campaña de las elecciones generales del 26 de junio, cuando aún quedaban testigos por declarar y diligencias solicitadas por las acusaciones que no habían tenido respuesta por parte de la juez.

Las grabaciones afectan a la pieza política desgajada del caso Formación, que es la que más dolores de cabeza causa al Gobierno andaluz. La antecesora de Núñez en el juzgado, Mercedes Alaya, que inició esta investigación, imputó 24 ex responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), detenidos durante la Operación Barrado, con la teoría de que desde la Consejería de Empleo se daban «órdenes» a las delegaciones provinciales «para que no se controlara el dinero» que se repartía entre entidades y empresas para impartir cursos.

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