El PP pide dos años de prisión a Chaves y ocho a Griñán por los ERE

El PP, que ejerce de acusación popular en el caso ERE, ha solicitado dos años de prisión para el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y ocho años de cárcel para su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán. Les acusa de cometer un supuesto delito de asociación ilícita en el caso ERE. Es la principal novedad que presenta el escrito de acusación que los populares han registrado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tras el cierre de la denominada pieza política. El PP se adhiere al resto de penas por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos solicitadas por la Fiscalía y quiere llevar al banquillo a los 26 encausados.

Esta acusación popular eleva la petición de penas realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que sólo apreció un delito continuado de prevaricación en el caso de los 26 ex cargos autonómicas procesados y otro delito continuado de malversación de fondos públicos en la caso de 18 de estos ex responsables políticos, entre los que se encuentran el expresidente José Antonio Griñán y su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, para quienes solicitó una pena de 6 años de prisión.

El Ministerio Público elevó a ocho años de cárcel la pena por un supuesto delito de malversación para los exconsejeros José Antonio Viera, Francisco Vallejo y Antonio Fernández.

En su escrito de transformación, previo a la apertura de juicio oral, el juez Álvaro Martín había acusado de prevaricación tanto a Chaves como al exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías o a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, junto a otros cinco encausados. Lo exculpaba de la malversación de fondos públicos. El delito de prevaricación no conllevaba penas de prisión sino la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años. Pero el escrito de los populares oscurece el horizonte penal de Chaves, Zarrías y Álvarez. La última palabra, en todo caso, la tiene la Audiencia Provincial de Sevilla, que debe resolver sobre los recursos presentados por las defensas.

Además de la pena de dos años de prisión, en su escrito el PP solicita para todos los procesados una multa de 20 meses a razón de 60 euros diarios e inhabilitación absoluta durante 12 años. Es más, los populares no dan por válida la cifra de fraude incluida en el escrito de la Fiscalía (855 millones de euros) y eleva esta cifra a 1.280 millones de euros, como resultado de la cuantía total comprometida a través de las ayudas y los intereses de demora.

¿En qué consiste el delito de asociación ilícita? El PP considera que Chaves, el expresidente de la Junta José Antonio Griñán y el resto de los 24 procesados por el procedimiento ilícito de reparto de las ayudas irregulares de los ERE participaron en la presunta trama delictiva. Según ha expuesto hoy la secretaria general del PP, Loles López, «se perpetuó una actividad delictiva durante más de diez años de manera concertada por todos los encausados para dar subvenciones a dedo y crear una red clientelar que le permitiera mantenerse en el poder».

Los letrados del PP Luis García Navarro y Lourdes Fuster, tan incansables durante toda la investigación como la juez Mercedes Alaya -que realizó la instrucción hasta su marcha a la Audiencia de Sevilla- apoyan su acusación de asociación ilícita en el propio auto del juez instructor que cerraba las diligencias. En él, Álvaro Martín expuso que «todos los encausados concertando sus actuaciones de un modo expreso o tácito, llevaron a cabo todos los actos necesarios para la implantación, mantenimiento y funcionamiento del denominado "procedimiento específico", en cualquiera de sus modalidades anteriormente expuestas.”».

Concertación

Para esta acusación, dicha apreciación judicial «supone la existencia de una unión y un acuerdo duradero en el tiempo de todos los encausados para llevar a cabo la actividad delictiva, lo que nos lleva a formular acusación por los delitos de prevaricación continuada y malversación continuada en los términos más abajo expuestos, añadiendo para todos los encausados la acusación por un delito de asociación ilícita».

Expone el PP que «en el seno de la Junta de Andalucía se perpetuó la actividad delictiva objeto de esta acusación durante más de 10 años, de manera concertada por todos los encausados, estableciendo un régimen para el otorgamiento y concesión de subvenciones a empresas y sociolaborales caracterizado por la absoluta arbitrariedad en su distribución, disponiendo de los fondos públicos en beneficio de terceros de forma absolutamente libérrima y caprichosa, de tal forma que se prescindía total y absolutamente del procedimiento establecido y se utilizaban tales fondos en beneficio de empresas y personas cercanas, bien a cargos públicos de la Junta de Andalucía o al propio PSOE andaluz».