Juanma Moreno en su intervención en Marbella
Juanma Moreno en su intervención en Marbella - J.J.M.
DIPUTACIÓN DE HUELVA

El PP pedirá una comisión de investigación por los contratos millonarios a la hermana de Mario Jiménez

María Teresa Jiménez es también la pareja de Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación de Huelva, que es la que ha adjudicado los polémicos servicios de ayuda a domicilio

MARBELLAActualizado:

El Partido Popular andaluz no va a dejar pasar las supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio del ayuda a domicilio de la Diputación de Huelva. Se trata de los contratos de los nueve lotes en los que ha sido fragmentado el servicio, valorados en un montante total de 42,32 millones de euros y que han recaído íntegramente en empresas públicas vinculadas a dos mancomunidades onubenses. Ambas estarían controladas por cargos del PSOE desde su constitución y una de ellas, además, lo estaría por María Teresa Jiménez, pareja del presidente de la Diputación provincial, el socialista Ignacio Caraballo, y hermana de Mario Jiménez, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía. Los populares, tras conocer lo desvelado por ABC, pedirán una comisión de investigación en el próximo pleno provincial de Huelva. «Es un hecho gravísimo y tiene que tener una respuesta y explicación de forma inmediata», ha aseverado Juanma Moreno, presidente del PP andaluz.

Los populares quieren que los líderes socialistas implicados en este supuesto amaño den una explicación sobre lo sucedido «sin medias tintas». «Que la propia Diputación de Huelva inste a crear una comisión de investigación para que sepamos toda la verdad y para que depurar responsabilidades», ha afirmado Juanma Moreno, que avanza que «si la Diputación no pone en marcha una comisión y no da información, llevaremos este asunto al Parlamento de Andalucía». «Para que sea allí donde se nos den explicaciones, empezando por su portavoz», ha remarcado Moreno.

Es una de las sociedades descartadas en el concurso, Clece S.A., la que tiene impugnado el proceso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Huelva. La demanda pide que la adjudicación sea anulada y se deje en suspenso el concurso donde participaron once empresas. En el recurso se enumera una extensa lista de supuestas irregularidades por incumplimiento de requisitos como la solvencia económica, la experiencia profesional acreditada en el servicio o infracciones más graves como un supuesto pacto tácito de precios para repartirse los contratos, sospechas de trato de favor y la vulneración de los principios de objetividad, imparcialidad, no discriminación y libre concurrencia. 

El pleno de la Diputación aprobó el pasado 11 de septiembre adjudicar cinco lotes por importe de 18,93 millones de euros sin el IVA a Deconsa (Desarrollo del Condado S.A.), que está dirigida desde 1998 por María Teresa Jiménez Díaz. La entidad pertenece a la Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva, que preside el alcalde socialista de Bonares, Juan Antonio García. Los cuatro lotes restantes, que ascienden a 16,28 millones de euros, fueron parar a la Empresa de Diversificación Industrial del Andévalo S.L. (Edia). Esta entidad está vinculada a la Mancomunidad de Municipios de Beturia, que preside la alcaldesa socialista de Villanueva de los Castillejos, Lola Ruiz, y cuyo gerente es Francisco José Santana Rivas. «En Andalucía durante demasiados años hemos escuchado casos de nepotismo. No vamos a estar callados ante un posible caso de influencias familiares», concluyó Moreno.