TRIBUNALES

El PP denuncia que los audios entregados siguen «incompletos»

Esta acusación pide otra vez a la juez Núñez las grabaciones del caso Formación

La juez Núñez a su llegada a los juzgados RAÚL DOBLADO
La juez Núñez a su llegada a los juzgados RAÚL DOBLADO
A. R. VEGA Sevilla - Actualizado: Guardado en:

El «culebrón» de las grabaciones del caso Formación no ha terminado. El PP registró ayer un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por el que solicita de nuevo que «se nos haga entrega de copias completas de todas las grabaciones de las declaraciones celebradas en las presentes diligencias». La juez instructora del caso Formación, María Núñez Bolaños, notificó el pasado jueves, mediante una providencia fechada el 10 de octubre, la entrega de estos audios con los testimonios de los interventores de la Junta de Andalucía considerados clave para el PP andaluz, que está personado como acusación particular en el caso. Las copias de las grabaciones llegaban a manos de los letrados Luis García Navarro y Lourdes Fuster dos días después de que la magistrada diera carpetazo a esta investigación, atendiendo a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, al concluir que no está acreditada la creación de una red de clientelismo político con las ayudas para cursos de formación.

«Incompletas»

Para sorpresa de los abogados del PP, las copias con algunas declaraciones no sólo llegan tarde —cuando difícilmente pueden variar el rumbo de la instrucción— sino que «vienen incompletas» otra vez. «En concreto, se cortan los audios de las declaraciones del interventor de Huelva, Miguel Ángel Bermúdez, y del interventor de Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa, fundamentales para la tesis mantenida por esta acusación, y la declaración de Julio Coca Blanes [director del Servicio Andaluz de Empleo]», según detallan los letrados en el escrito que han registrado en el juzgado. El interventor de Huelva admitió que hubo menoscabo de fondos públicos en la gestión de los cursos, según testificó ante la juez el pasado mes de abril.

También echa en falta el PP la declaración de la interventora provincial de Sevilla, Victoria López, quien reconoció ante la juez que la Junta le aportaba documentación «incompleta e ilegible» y unos «pendrives rotos» que supuestamente contenían expedientes de ayudas para los cursos que ella tenía que fiscalizar. Los letrados solicitan que se suspenda el plazo para recurrir el auto de archivo toda vez que las grabaciones, que hacen las veces de actas de las declaraciones judiciales, no están completas. La negativa a entregar los audios llevó al PP a pedir ante el Consejo General del Poder Judicial que la juez se abstuviera de intervenir en este asunto, que debe resolver la Audiencia de Sevilla.

Núñez ha acordado el sobreseimiento porque sólo encuentra «irregularidades administrativas o, en su caso, de menoscabo de fondos» en la actuación de 24 exresponsables de la Junta.

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