POLÍTICA

El PP cifra en 1.970 millones el perjuicio económico del fraude de la formación

En el dictamen de la investigación aporta múltiples argumentos sobre la responsabilidad de Susana Díaz

Teresa Ruiz Sillero, en una imagen de archivo
Teresa Ruiz Sillero, en una imagen de archivo - JUAN FLORES
JOSÉ CEJUDO Sevilla - Actualizado: Guardado en:

El PP de Andalucía ha cifrado este lunes en 1.970,6 millones de euros el perjuicio económico ocasionado por el supuesto fraude de los cursos de formación, que además de estar siendo objeto de seguimiento por los juzgados, ha sido motivo de una comisión de investigación en el Parlamento, en cuyas conclusiones los populares señalan a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como responsable de lo ocurrido, junto a sus predesesores en el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñan, y otras 33 personas más entre consejeros, ex consejeros, viceconsejeros, directores generales, delegados provinciales de Empleo y gerentes de la Fundación Faffe y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En rueda de prensa, la portavoz de Empleo del PP-A en el Parlamento, Teresa Ruiz Sillero, acompañada de otros miembros de su partido en la comisión de investigación de los cursos ha desgranado las conclusiones de su formación recogidas en un informe de 174 páginas que a su vez se divide en 14 puntos.

Según el PP-A, que todavía confía en que Ciudadanos no haga «pinza» con el PSOE para que Susana Díaz pueda eludir sus responsabilidades, el supuesto fraude de los cursos de Formación le ha ocasionado a Andalucía un perjuicio económico de 1.970,6 millones, cantidad en la que se incluyen los 822,3 millones que se han dejado de invertir entre 2012 y 2016 han decidir la presidenta de la Junta renunciar a estos programas al detectarse las irregularidades.

Otras partidas importantes en opinión de los populares son los 539 millones pendientes de justificar y los 400 millones que se adeuda a las empresas que sí han llevado a cabo los cursos sin incurrir en fraudes, y que sin embargo han salido gravemente perjudicadas.

Teresa Ruiz Sillero ha significado que Susana Díaz, primero como consejera de la Presidencia y consejera de Igualdad, desde mayo de 2012, y posteriormente como jefa del Ejecutivo andaluz, tenía perfecto conocimiento de lo que estaba ocurriendo con los cursos de formación, y en lugar de dar un giro al sistema optó cuando tuvo ocasión de suprimir los programas.

La dirigente del PP-A ha acusado a Díaz de falta de colaboración, de ocultar información, de consentir el cambio de competencia de la Formación, primero de Empleo a Educación y después a la inversa, así como de ignorar nueve informes de actuación en los que se hacía constancia de las irregularidades. Ruiz Sillero ha mencionado dos momentos clave en la historia del presunto fraude: la dimisión de Rafael Velasco, ex número dos del PSOE en tiempos de Griñán por las subvenciones a las empresas de mujer, y la renuncia del marido de Susana Díaz a mantener su trabajo en UGT con cargo a los cursos un mes después de que ésta accediera al Gobierno.

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