Podemos, C's e IU defienden que Vallejo debe pagarse su propia defensa

Pocas veces coinciden en su opinión los grupos de Podemos y de Ciudadanos pero el Gobierno andaluz ha logrado ponerlos de acuerdo con su decisión de que sean los letrados de la Junta los que asuman la defensa del exconsejero Francisco Vallejo en una pieza del caso Invercaria, la relativa a la empresa Servivation.

Portavoces de ambas formaciones han afirmado públicamente que todos los andaluces deben tener los mismo derechos a la defensa y que, ya que el Gabinete Jurídico de la Junta no defiende a todos, tampoco debería asumir la representación letrada de Francisco Vallejo ante los tribunales. Hay que recordar que el exconsejero está acusado, además, de malversación de fondos públicos.

El líder de Ciudadanos, Juan Marín, ha considerado que «no es de recibo» que los letrados de la Junta intervengan.

«El señor Vallejo debe pagarse su defensa como cualquier andaluz, y no con el dinero de los andaluces. Y la Junta de Andalucía no puede pagar la defensa ni de Vallejo ni de nadie».

Desde Podemos, el diputado David Moscoso ha opinado que «todos los ciudadanos deberían tener igualdad de oportunidades» en el acceso al apoyo jurídico de la Junta.

Desde Izquierda Unida de Andalucía lamentan que el gobierno de la Junta pretenda asumir la defensa del ex consejero Vallejo a través de su gabinete jurídico, «un gabinete público financiado con los impuestos de todos los contribuyentes andaluces» y por lo que IU considera que «el PSOE de siempre, el no aprende de los errores y cuya ética está al nivel de la del Partido Popular con este tipo de acciones». La formación de izquierdas asegura que no cuestiona la legalidad de la decisión de la Junta, pero «cuestionamos y censuramos la falta de ética de Susana Díaz con este tipo de acciones» que, según recuerdan «no son nuevas» pues en su etapa formando parte del Gobierno autonómico «ya frenamos los intentos del PSOE de asumir la defensa de los imputados en el caso ERE a través de la agencia IDEA».

Frente a esta actitud de la Junta, David Moscoso ha expuesto que la posición con Vallejo contrasta con la tomada en la investigación abierta por la Consejería de Empleo en relación a las ayudas concedidas a la Fundación Guadalquivir Futuro y sobre la gestión del programa Emplea.

«La consejería admitió que ha habido una fuga y desvío de fondos públicos, sin embargo a todos los trabajadores, a los cuales se les había practicado una mordida de su salario, Empleo les dijo que se buscarán sus propios abogados y que no iban a contar con la asesoría de la Junta para reclamar la devolución de la parte detraída de su sueldo de manera ilegal en estos años», ha denunciado.

Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta, dijo este martes que Francisco Vallejo tiene «derecho» a que los abogados de la Junta le defiendan, recordó que la Junta no está personada en esa pieza y que Vallejo, como cargo público, está en su derecho de solicitar dicha asistencia, como así ha hecho.