El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, charlando con la consejera del ramo, María Jesús Montero
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, charlando con la consejera del ramo, María Jesús Montero - EFE

El «plan B» de la Junta para salvar las 35 horas de los funcionarios en Andalucía tras el Constitucional

Montero inicia contactos con el Gobierno para intentar amortiguar la suspensión de la jornada reducida

SEVILLAActualizado:

El Tribunal Constitucional (TC) ha dejado en el aire la jornada reducida de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Junta de Andalucía, que estaba en vigor desde el 16 de enero por un decreto del Gobierno andaluz que fue validado por el Parlamento. Los doce magistrados que componen el pleno del Constitucional acordaron el pasado martes admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central y suspender de forma cautelar —hasta que decida sobre el fondo del asunto— la norma que aplicó la Administración autonómica con el criterio en contra del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el día 14 —el mismo día que lo aprobó el Consejo de Ministros—, el Gobierno de la Nación alega que en 2012 amplió a 37,5 horas la semana de trabajo en el territorio nacional dentro de un paquete de medidas económicas para reducir el déficit público y que, por tanto, la Junta conculcó normas estatales.

¿Cómo afecta la suspensión al personal de la Junta? ¿Qué margen de maniobra hay a partir de ahora? Entre tanto el TC resuelva, la Administración deberá reorganizar tanto la plantilla como los contratados de forma temporal o interino para ajustarse al nuevo horario, algo que requiere un tiempo y una planificación, según advierten desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Desde este departamento estiman que se han contratado hasta julio a 5.000 personas de forma temporal o interina para cubrir la reducción de la jornada laboral y iban a ser 2.400 puestos más con el comienzo del curso escolar en septiembre.

Ante sendos recursos del Ejecutivo, el TC obligó a regresar a la jornada de 35 horas semanales a Castilla-La Mancha y la Justicia vasca hizo lo propio con una norma similar del Gabinete de Íñigo Urkullo. Susana Díaz implantó la medida de forma unilateral a sabiendas de que los precedentes jugaban en su contra.

Con la vía judicial taponada de momento, el Gobierno autonómico lo fía todo a la diplomacia política para salvar el decreto que implantó. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, pidió ayer abrir una ronda de negociaciones con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, para salvar las 35 horas.

Desde la Junta esperan un gesto del Ejecutivo después de que Montoro se mostrara dispuesto a «hacer todo lo posible por evitar la conflictividad» en este asunto, consciente de que se echa encima a buena parte de los 270.000 empleados públicos que trabajan para la Junta de Andalucía, la «mayor empresa» de la Comunidad, en palabras de Susana Díaz. Además, ha anunciado que estudiará la reducción de la jornada para determinados sectores públicos de cara a los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

La vía del acuerdo

Los contactos, de hecho, empezaron desde este lunes. Tras censurar lo que calificó de «despropósito», María Jesús Montero anunció que «se ha puesto en contacto con el Ministerio de Hacienda» para que permita una ronda de reuniones y diálogo con el objetivo de poder extender esta medida al resto de trabajadores públicos de España y no provocar «ningún tipo de retroceso» para los empleados públicos en la Comunidad andaluza. Tratarán de convencer al Gobierno central para que pida un alzamiento o levantamiento de las medidas cautelares, dado que tiene potestad para ello. Es decir, le pedirán que no se deje sin efecto de forma temporal la jornada reducida por el perjuicio laboral que causa.

Fuentes de Hacienda aclararon que no van a rescindirse los contratos en vigor en la Administración por esta medida que llega en plena temporada de vacaciones de su personal.

En el terreno judicial, la Junta tampoco tira la toalla. Apunta a que va a dar elementos jurídicos y organizativos para que no se lleven a cabo las medidas que conlleva la suspensión cautelar. Como el mes de agosto es inhábil, tiene de plazo hasta septiembre para presentar sus alegaciones. El objetivo es ganar tiempo, amparándose en la voluntad del Gobierno central de reducir la jornada a partir de 2018.