JUZGADOS

Pedro Izquierdo, un juez con «puerta giratoria» en el tribunal de los ERE

El ex alto cargo de Chaves y Griñán coincidió en el Gobierno andaluz con veinte de los procesados que va a juzgar

En la imagen, Pedro Izquierdo
En la imagen, Pedro Izquierdo - ABC
ANTONIO R. VEGA Sevilla - Actualizado: Guardado en: Andalucía

El caso ERE «no es un asunto más», como confesó Pedro Izquierdo Martín a los periodistas a los pocos minutos de enterarse de que la bolita de la suerte había caído de su lado. La Sección Primera que él preside acababa de resultar agraciada, en un sorteo público, con el «Gordo» de los procesos judiciales pendientes: el juicio que va a sentar en el banquillo de los acusados a dos ex presidentes de la Junta de Andalucía. Pero tampoco él, aunque se niega a reconocerlo, es uno más en el universo de los magistrados (35 en total) que integran las ocho secciones de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Hasta hace apenas dos años y medio, el ponente del tribunal que va a juzgar a Manuel Chaves y José Antonio Griñán por las ayudas fraudulentas de los ERE ocupaba la Secretaría General para la Justicia de la Comunidad, un cargo con rango de viceconsejero, encuadrado en el tercer escalafón del Gobierno autonómico.

En los más de seis años que ha estado desempeñando este alto cargo (2008/2014), Pedro Izquierdo ha permanecido bajo las órdenes de cinco consejeros que reunían las competencias descentralizadas de Justicia en una comunidad similar en tamaño y población a Portugal (Evangelina Naranjo, Begoña Álvarez, Luis Pizarro y Francisco Menacho y Emilio de Llera), habiendo sobrevivido a cuatro de ellos. Un récord de supervivencia para los exigentes modos de la nueva política.

Este magistrado salmantino ha visto desfilar desde su despacho oficial a tres inquilinos distintos por el Palacio de San Telmo (sede de la Presidencia): Manuel Chaves, José Antonio Griñán y la actual mandataria, Susana Díaz. Fue la lideresa socialista y su consejero Emilio de Llera, fiscal en excedencia, quienes, el 22 de julio de 2014, firmaron el decreto que consumó su cese «agradeciéndole los servicios prestados», como dicta el protocolo.

El juez nacido hace 58 años en La Cabeza de Béjar (Salamanca) —donde antaño terminaba el reino de León y empezaba el de Castilla— duró dos años como subordinado del actual consejero de Justicia, quien, como él, había cambiado la sala judicial por el despacho y el coche oficial. Emilio de Llera es «amigo desde chiquitito» del psiquiatra forense Julio Guija —según admitió él mismo— y de su esposa, la instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños.

En los círculos políticos y judiciales señalan al consejero como el inductor en la sombra de una operación que situó a Núñez al frente del juzgado de Mercedes Alaya tras la marcha de ésta a la Audiencia de Sevilla a mediados de 2015. Gracias a una extraña carambola, la juez de Familia, que acumulaba más trienios que los otros candidatos al puesto, cogió las riendas del juzgado que había sacudido los cimientos de la hegemonía socialista.

Funcionarios que estuvieron bajo el mando de Izquierdo corroboran que la convivencia nunca fue fácil con su superior jerárquico. El campechano y lenguaraz consejero pacense, dotado de un punto de audaz astucia que habría servido de inspiración al mismísimo Maquiavelo, no tardaría en chocar con el magistrado en excedencia.

El polo opuesto a Llera

Pedro Izquierdo, de natural metódico, disciplinado, cuadriculado, poco propenso a la chanza y trabajador hasta la obsesión, no encontró su sitio en el equipo de Llera. «Eran como el agua y el aceite», constata un empleado de la Consejería de Justicia que trataba a diario con el hombre que presidirá la sala que va a enjuiciar a 26 ex altos cargos de la Administración acusados de prevaricación, asociación ilícita y/o malversación de caudales públicos.

Entre los funcionarios de la Consejería Izquierdo dejó un buen recuerdo. «Llegaba de los primeros a la sede del departamento y de camino a su despacho solía abordarte para preguntarte cómo iba alguna gestión. Quería controlarlo todo. Casi todas las tardes iba a trabajar», relata un antiguo subordinado suyo que da fe de que nunca lo vio vestido con otra indumentaria que no fuera un traje. «No es de los que se dejan influenciar», pronostica sobre el juicio de los ERE.

Entre los abogados de la defensa, la elección de Izquierdo, que no está adscrito a ninguna asociación de jueces, ha sido recibida con alivio. «Es muy estudioso y equilibrado en sus sentencias», señala un letrado.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1983, su primer destino fue un juzgado de Barbate (Cádiz). Después, se fogueó como juez de instrucción en Sanlúcar de Barrameda y Madrid. Su periplo madrileño acabó al frente del juzgado de lo Penal 3 de la capital, donde dictó una sentencia contra un hombre que fue carne de titular al calificar de «escandaloso» el número de pensiones impagadas tras el divorcio.

Su salida del Gobierno va asociada a un hecho luctuoso: la muerte repentina de Joaquín Sánchez Ugena, el presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, en mayo de 2014. El exsecretario general para la Justicia vio la ocasión idónea para abrir la puerta giratoria y emprender el trayecto de vuelta.

Dimitió del cargo alegando «motivos profesionales» y de forma automática, porque así lo permite la ley, se puso al frente de la Sección de lo Penal de Sevilla de la que ya había formado parte, como magistrado, durante diez años, antes de que la política llamara a su puerta.

Con veinte de los procesados que va a juzgar, Izquierdo coincidió en el Gabinete andaluz en algún momento. Formó parte del puesto de mando de la Junta durante tres años en los que funcionaba en otros departamentos autonómicos el sistema ilegal de reparto de fondos, con pleno conocimiento por parte de los expresidentes, según concluyó el juez Álvaro Martín en el auto que cerró la investigación de la conocida como pieza política del caso ERE.

Es la primera causa en la que se dividió el sumario que va a sentenciarse y la que va a marcar el devenir de las futuras piezas, una por cada sociedad o grupo empresarial que recibió ayudas de forma caprichosa. Se repartieron 854,8 millones de euros.

Recusación

El que fuera alto cargo con Chaves y Griñán piensa que no hay ninguna traba legal que le impida decidir el horizonte penal que aguarde a sus antiguos superiores jerárquicos al margen de que el sentido común o la cautela estética aconsejen dar un paso atrás. Tan convencido está de ello que reta a quien opine de otra forma a recusarle so pena de ser multado si perdiera el pulso, como estipula la ley.

Si nadie lo impide, de su puño y letra saldrá la sentencia más esperada del caso ERE tal y como lo acuerde una sala elegida por él. Pura dinamita que le quemaría a cualquier juez en las manos. Pedro Izquierdo, en cambio, no quiere ceder a nadie su asiento en el tribunal que debe ajusticiar al mayor monopolio de poder autonómico de España.

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