José Antonio Ávila, exjefe de los servicios jurídicos del IFA, durante su declaración este lunes en el juicio del caso ERE
José Antonio Ávila, exjefe de los servicios jurídicos del IFA, durante su declaración este lunes en el juicio del caso ERE - EFE/JULIO MUÑOZ
JUICIO CASO ERE

¿Para qué sirvió la asesoría jurídica de la agencia que pagaba las ayudas irregulares del caso ERE?

El exjefe jurídico de IDEA asegura que si la Consejería de Empleo decía que había que dar una ayuda, se daba

SEVILLAActualizado:

El Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego transformado en la agencia IDEA, contaba con una asesoría jurídica propia con siete trabajadores desde el verano de 2004, cuya misión era velar por la legalidad de los acuerdos que se adoptaban. Sin embargo, no realizó ninguna gestión o informe en relación a las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis bajo sospecha. «Actuabamos en función de lo que la Consejería de Empleo nos indicase. Si Empleo decía que había que dar una ayuda se daba», ha asegurado este lunes en el juicio de la denominada pieza política del caso José Antonio Ávila Quintana, que fue jefe de la asesoría jurídica de la agencia IDEA, que pagaba las ayudas que concedía la citada consejería.

Ávila Quintana, que declara en el juicio como testigo, ha descrito un escenario en el que los asesores jurídicos de la agencia actuaban como meros convidados de piedra, sin que ejercieran durante años ninguna actuación reseñable en relación con el procedimiento de ayudas que ha sentado en el banquillo de los acusados a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a seis exconsejeros andaluces y a 14 ex altos cargos más.

El exresponsable de la asesoría jurídica entre 2004 y 2009 ha asegurado que sólo se fijaban en aspectos formales de los convenios particulares que firmaba el director general de Trabajo y validaba el director general del IFA/IDEA para la concesión de las ayudas individuales para prejubilaciones de trabajadores y empresas en crisis. «Fundamentalmente, nosotros nos centramos en la forma, en poner alguna línea o la modificación de una expresión desafortunada», ha afirmado.

A preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga, este testigo, que sigue formando parte en la actualidad de la asesoría jurídica de IDEA en la gerencia de Granada, ha contestado que las órdenes de pago no pasaban por la asesoría que él dirigía.

El fiscal le preguntó por la información de los convenios que llegaba a la asesoría: «¿Qué llegaban? ¿dos papelistos del convenio particular?». «Nada más que eso», replicó el responsable de IDEA, que relató que se puso al frente de los juristas de la agencia de la mano del exdirector general de la agencia Miguel Ángel Serrano. Con posterioridad, ha matizado que en las ayudas sociolaborales «a veces solía venir la relación de los trabajadores y la cuantía» que iban a percibir. Si no venía esta información reflejada, entonces «pedíamos la relación de trabajadores» a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, ha relatado.

El exjefe de la asesoría jurídica de IDEA ha defendido que «no teníamos libertad de acción» en la agencia respecto a estas ayudas porque quien las daba era Empleo y en aquel momento la agencia dependía de otra consejería, Innovación.

Con posterioridad, a preguntas de Alfonso Martínez del Hoyo, abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, Ávila Quintana ha insistido en que conocía la existencia del convenio marco de 2001 que instauró el sistema de las ayudas, que consistía en que IDEA pagaba las ayudas que Empleo concedía. A este respecto, el responsable de la agencia ha indicado que la asesoría jurídica nunca realizó una observación o reparo contra el procedimiento porque partía de la presunción de que todo era legal.

«Creíamos que eso tenía que presumirse lícito y legal porque era una decisión de una consejería de la que dependíamos orgánicamente», ha señalado. Martínez del Hoyo le recordó la obligación de los empleados públicos de denunciar un posible delito en el caso de que lo hubiesen detectado. «Si los procedimientos no fueran los adecuados, claro que lo hubiéramos manifestado por propia iniciativa para que se le trasladase a Empleo», ha respondido el testigo.

El exjefe de la asesoría jurídica de la agencia IDEA repitió, con más nitidez, este mensaje cuando le preguntó por ello Encarnación Molino, que representa al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo. Ha asegurado que, en relación con los convenios particulares de ayudas, «no hicimos ninguna observación de que fueran ilegales o irregulares porque no lo veíamos».

El antiguo responsable de la asesoría jurídica también ha manifiestado que desconocía en aquel momento que la Intervención General de la Junta de Andalucía hubiese puesto reparos al procedimiento por el que se concedían las ayudas porque generaba zonas de sombra en el control de las mismas. Ha indicado que «en la asesoría jurídica no se veía si estaban fiscalizadas o no» las ayudas.

Ante las preguntas del Juan Carlos Alférez, abogado del exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, el ex jefe de la asesoría jurídica ha reconocido que por parte del citado ente instrumental «no hubo ninguna asistencia técnica ni se creo esa comisión de seguimiento», a pesar de que esta supervisión venía recogida en el convenio marco de 2001. Ávila Quintana ha explicado que el director general de IDEA se limitaba a formalizar las operaciones que venían amparadas en el citado acuerdo marco.