Andalucía

Núñez y la Fiscalía ultiman el carpetazo de la pieza política de los cursos de formación

El archivo coincidirá con la conclusión de los trabajos de la comisión de investigación

La juez María Núñez
La juez María Núñez - ROCÍO RUZ
A. R. V. Sevilla - Actualizado: Guardado en:

Denuncias, recusaciones parciales, presiones de un lado y de otro y recambolescas confabulaciones de los poderes del Estado contra los jueces. El ruido político, cada vez más atronador, ha convertido en una olla a presión el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la posible responsabilidad penal de 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el fraude de la formación.La tensión desatada por tener entre manos varios casos de corrupción (ERE, formación, avales), se ha visto multiplicada por otro hecho: el sorpresivo anuncio del archivo de la pieza política de esta macrocausa.

En el PSOE andaluz hay prisas para que la juez María Núñez Bolaños firme el auto que dé carpetazo a esta investigación, como han dejado patente los portavoces del partido y de la Junta. Sus deseos por enterrar la causa, un dolor de muelas para los socialistas, pueden verse cumplidos en los próximos días, coincidiendo con la presentación de las conclusiones de los grupos políticos durante la próxima semana ante la comisión parlamentaria que intenta averiguar las responsabilidades políticas en las irregularidades de las subvenciones.

Núñez archivará la causa con el amparo de la Fiscalía Anticorrupción

Según informaron a ABC fuentes judiciales, el archivo de estas diligencias es inminente a pesar de que hay numerosas diligencias sin atender que fueron solicitadas por la acusación particular que ejerce el PP y que no han tenido respuesta de la juez, pese a sus insistentes escritos. De hecho, la próxima semana no hay ninguna citación en la agenda de la magistrada. Núñez archivará la causa con el amparo de la Fiscalía Anticorrupción. «Si el fiscal no tiene ya hecho el escrito pidiendo el sobreseimiento, le queda muy poco», apuntaban otras fuentes del caso.

La opinión del fiscal Fernando Soto sobre el fraude no es ningún secreto. En julio ya puso de manifiesto que no apreciaba delito alguno en las denominadas resoluciones de exoneración o exceptuación de los cursos de formación. En un escrito dirigido al juzgado señaló que desde la Junta «no sólo no exoneraban de justificar, sino que según los datos que obran en la causa se hicieron sobre expedientes en los que las entidades ya habían justificado y estaba pendiente del dictado de la resolución por el órgano gestor». Es el mismo mensaje que se ha trasladado desde el Gobierno andaluz para exculparse. El PP, en cambio, entiende que las exoneraciones se dictaron en connivencia con algunos empresarios beneficiados, lo que en la práctica supuso darles dinero a fondo perdido. De hecho, el interventor de la Junta en Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, admitió que hubo menoscabo de fondos en los cursos cuando testificó ante la juez en abril.

Clientelismo político

Por una de esas casualidades que ocurren en los juzgados —PSOE e IU acusaron a Alaya de dictar sus autos más sonados coincidiendo con las citas electorales—, la disposición de la juez Núñez a darle carpetazo se conoció en la recta final de la campaña de las generales del 26 de junio.Un filón que el PSOE aprovechó para abundar en que allí donde la juez Mercedes Alaya atisbó una supuesta red de clientelismo político creada con las ayudas, sólo hay un cúmulo de irregularidades administrativas sin recorrido penal. Todavía faltaban testigos e investigados por declarar —los últimos comparecieron el pasado día 13— y algunas diligencias pendientes. Pero la sentencia ya estaba dictada.

El sobreseimiento de la pieza política proporcionaría a los socialistas un oportuno escudo para protegerse de las acusaciones del resto de los grupos en la comisión. Tanto el PP como Podemos han señalado como responsables políticos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a la propia Susana Díaz.

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