Núñez entrega los audios clave al PP después de archivar la causa

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha autorizado la entrega al PP de las copias de las grabaciones con los testimonios de los interventores de la Junta una vez que ha archivado la pieza política del caso Formación. Es decir, las copias llegan a manos de la acusación particular cuando ya no pueden variar el rumbo de la investigación. Los letrados Luis García Navarro y Lourdes Fuster habían solicitado los audios originales y las copias de los mismos al menos en cinco ocasiones ante la sospecha de que algunas grabaciones facilitadas contenían varias partes «defectuosas, incompletas y contrarias al texto de las actas». El juzgado ha rechazado por activa y por pasiva las sucesivas peticiones del PP.

La última vez, el pasado día 3, a través de un escrito de la letrada de la Administración de Justicia.

Pero todo cambió este jueves. La magistrada notificó a las partes y a Anticorrupción una providencia firmada por ella este lunes por la que ordenaba que se hiciera «entrega de copia de audio de las declaraciones en las presentes diligencias». La juez accede a las pretensiones del PP cuando su efecto para la causa es nulo, porque el pasado martes cerró la investigación a instancias de la Fiscalía.

Hace un mes

Ante la resistencia del juzgado a facilitar las grabaciones audiovisuales —que sustituyen a las actas de las declaraciones—, el PP solicitó hace un mes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que fuera recusada la juez tras negarle la certificación o testimonio de las mismas argumentando que se había arrogado competencias que corresponden a la secretaria judicial. El máximo órgano de gobierno de los jueces derivó el conflicto a la Audiencia Provincial de Sevilla, que aún no ha resuelto el asunto.

Para la representación legal de los populares, las grabaciones de la discordia son decisivas para discernir si los ex altos cargos autonómicos cometieron o no delito y determinar si, como apuntó la anterior instructora, Mercedes Alaya, se creó una red clientelar con el reparto de las ayudas para financiar cursos de formación. Núñez y el fiscal descartan esta tesis.

Los audios llegan tarde. El pasado martes, la juez María Núñez acordó cerrar la instrucción de la pieza política del caso Formación, denominada así porque en las diligencias estaban siendo investigados 24 ex responsables del Servicio Andaluz de Empleo.