FUNCIÓN PÚBLICA

La milonga andaluza de la jornada de 35 horas

El Parlamento aprueba la nueva jornada para los 270.000 empleados públicos de la Junta. Pero tiene truco. Hay sentencias en contra del Constitucional

Susana Díaz y Manuel Jiménez Barrios ayer durante la sesión del Parlamento de Andalucía
Susana Díaz y Manuel Jiménez Barrios ayer durante la sesión del Parlamento de Andalucía - JUAN JOSÉ ÚBEDA
STELLA BENOT Sevilla - Actualizado: Guardado en:

Los funcionarios son una suerte de casta intocable para todos los partidos políticos andaluces. Por eso cada iniciativa que les afecta se debate en el Parlamento con tanto tacto y algodones que hasta las fronteras ideológicas se diluyen. Da lo mismo qué se plantee o quién lo haga; cualquier iniciativa que afecte a los 270.000 empleados públicos que tiene la Junta de Andalucía se aprueba sin mayores problemas.

En la sesión de este jueves, el Gobierno andaluz planteó la convalidación de un decreto ley que devuelve la jornada de 35 horas a todos los empleados públicos a partir del 16 de enero de 2017, dejando así sin efecto la medida decidida en 2012 por el Ejecutivo central de implantar la jornada de 37,5 horas debido a la situación de crisis. Pero no era una petición inocente sino más bien todo lo contrario. El Ejecutivo que preside Susana Díaz es plenamente consciente de que se trata de un compromiso adquirido con los sindicatos andaluces, si bien el Tribunal Constitucional ha rechazado una medida similar que se puso en marcha en Castilla La Mancha y en Cataluña. El motivo es que se trata de una normativa básica del Estado que no pueden modificar las comunidades autónomas.

Se trata de un nuevo frente contra el Gobierno de Mariano Rajoy y en un asunto particularmente sensible como lo prueba el hecho de que el PSOE plantease además otra iniciativa parlamentaria para pedir al Gobierno central que no lo recurra ante los tribunales. Nada mejor pues para los intereses políticos de la Junta de Andalucía.

Por eso el decreto ley que ayer se debatió en el Parlamento no contaba con ningún informe jurídico que lo avalase —lo que no es lo habitual ni mucho menos— y el presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, no permitió que los letrados de la Cámara se pronunciasen sobre si lo que se votaba era legal o no, a pesar de las peticiones de los diputados del PP.

Hay otro dato revelador de la argucia política que ha llevado esta reducción de jornada de los funcionarios hasta el Parlamento. El Gobierno andaluz planteó en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos una Disposición Adicional Quinta en la que se recogían las 35 horas semanales para los funcionarios públicos. Una disposición que ha desaparecido en el Proyecto de Ley que ha llegado al Parlamento después de que el Consejo Consultivo advirtiera expresamente que la jornada de 37,5 horas era normativa básica del Estado».

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, insistía en que en el Presupuesto 2017 sí están consignadas las cantidades necesarias para poner llevar a cabo esta reducción horaria, además de un remanente disponible por si el Gobierno central autoriza la subida del 1% en las nóminas de los empleados públicos.

PP y Ciudadanos, convencidos de su nulidad

Eso sí, el texto propuesto por el Gobierno andaluz se aprobó contando con los votos del PSOE, Podemos e IU y las abstenciones del PP y Ciudadanos que no se atrevieron a votar en contra de los intereses de los funcionarios a pesar de que estaban convencidos de su nulidad. Tanto Podemos como IU eran plenamente conscientes de que estaban haciendo el juego político al PSOE abriendo un nuevo asunto de confrontación con Rajoy.

Otra cosa muy distinta será si el decreto se puede poner en práctica o los tribunales lo paran antes del próximo 16 de diciembre. En cualquier caso, el Gobierno andaluz ya habrá cumplido con su compromiso ante los sindicatos y los funcionarios aplicándoles la reducción de jornada.

El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, lleva varias semanas preparando una ofensiva sobre este asunto tratando de evitar el argumento que los socialistas repetirán a partir de ahora y que culpa al Gobierno del PP de su recorte en los derechos laborales. Se ha reunido con un catedrático de Derecho Constitucional tratando de desactivar esta ofensiva. Por el momento, no ha encontrado el camino.

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