CORRUPCIÓN

Más de 227 años de prisión para los ex altos cargos procesados en los ERE

Anticorrupción aboca a la Junta de Andalucía a acusar a los exconsejeros de Empleo Fernández y Viera con sus elevadas acusaciones

Antonio Fernández, en el Parlamento
Antonio Fernández, en el Parlamento - JUAN JOSE UBEDA
ANTONIO R. VEGA Sevilla - Actualizado: Guardado en:

Si hubiera un libro Guinness Records de la corrupción española, el caso de los ERE financiados por la Junta de Andalucía ocuparía el primer lugar atendiendo al número de investigados (más de 260). Pero también puede pasar a la historia como una de las macrocausas donde los imputados se enfrentarán a más años de cárcel en los juicios que van a celebrarse: no menos de 200. Tantos como empresas resultaron beneficiadas con un fondo ilícito para subvencionar despidos en empresas. Esta maratón de juicios es uno de los efectos que tendrá la división del caso.

De momento sólo hay tres diligencias previas cerradas por el juez Álvaro Martín, pero las penas totales que ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción dejan cortas las de otros procesos mediáticos como el caso Nóos. En estas tres diligencias se repiten cinco nombres: el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien suma ya 28 años de prisión y 74 años de inhabilitación; el exviceconsejero Agustín Barberá (28 años) y el de tres exdirectores de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero (24 años), Juan Márquez (18 años y 4 meses) y Daniel Alberto Rivera (18 años).

La Fiscalía pidió ayer 20 años de cárcel y 44 de inhabilitación para el exconsejero Fernández acusado de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de fondos en dos piezas ya concluidas. Estas diligencias se centran en las ayudas irregulares concedidas a las empresas Acyco (3,2 millones) y Surcolor (2,3 millones), por las que están procesadas 16 y 12 personas, respectivamente. Doce de ellos son exaltos cargos.

Antonio Fernández, el primer exconsejero andaluz que entró en la cárcel durante la democracia, se enfrenta a otros ocho años de reclusión por la denominada pieza política de los ERE, la primera que irá a juicio.

Ranking de procesados

El exconsejero de Empleo encabeza un ranking que cierra el anterior presidente andaluz, José Antonio Griñán, acusado de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. La Fiscalía pide una pena de 6 años para él y también quiere sentar en el banquillo a su antecesor en la Presidencia de la Junta, Manuel Chaves, como autor de un delito continuado de prevaricación, penado con diez años de inhabilitación.

La Administración andaluza salvará a Chaves y Griñán en la pieza política

Los expresidentes están procesados por el sistema ilegal de concesión de las ayudas junto a otros 24 ex altos cargos de distintas consejerías. Las penas solicitadas para la antigua cúpula de la Junta suman 227 años y serán muchos más, porque todavía hay más de 200 piezas por instruirse donde volverán a repetirse los mismos nombres. De hecho, ayer la juez María Núñez impulsó 48 nuevas piezas del caso ERE con la incorporación de atestados pendientes de la Guardia Civil.

Las elevadas penas solicitadas por Anticorrupción meten un plus de presión a la Junta, que tiene hasta mañana como fecha límite para registrar su acusación dentro de la pieza política. Fuentes consultadas por este periódico dan por hecho que los letrados de la Administración autonómica, Ignacio Carrasco y Victoria Gálvez, van a exculpar a Chaves y Griñán, por pura coherencia con la tesis que han defendido durante toda la instrucción. Acusarán de prevaricación a los responsables de la Consejería de Empleo, excluyendo los departamentos de Hacienda y la agencia IDEA, según estas fuentes.

La duda radica en dónde van a poner el listón. Todo apunta a que tendrán que sacrificar a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández en su acusación, más si cabe tras las últimas peticiones de cárcel. El delito de malversación lo circunscribirían a otras piezas separadas del caso, como la que afecta a las sobrecomisiones, toda vez que la Junta defiende que el procedimiento fue legal y el fondo aparecía en los presupuestos aprobados por el Parlamento.

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