JUICIO

Caso ERE Andalucía: Márquez continuó con las ayudas bajo sospecha «para poner paz social» a los conflictos

El ex director de Trabajo que sustituyó a Francisco Javier Guerrero defiende que «todo el mundo» conocía la subvenciones a empresas en crisis

Juan Márquez durante su declaración en la Audiencia de Sevilla EFE/José Manuel Vidal

ABC

Juan Márquez, que estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía entre 2008 y 2010, sustituyendo a Francisco Javier Guerrero, uno de los principales acusados del caso ERE. Es también uno de los 22ex altos cargos de la Junta acusados en este juicio , y se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos públicos .

En su segundo día de declaración ha respondido a las preguntas de su abogado defensor, después de que este pasado lunes no ratificase el contenido de su comparecencia judicial ante la juez Mercedes Alaya , instructora inicial de la macrocausa.

Márquez ha expuesto que su «cometido» principal fue « continuar con el trabajo» encargado a la Dirección General de Trabajo, que ya llevaba «ocho años» funcionando con un «programa presupuestario» y un modelo para la tramitación de ayudas excepcionales a trabajadores afectados por reestructuraciones laborales y subvenciones a empresas en crisis.

En ese sentido, ha recordado que su antecesor, Francisco Javier Guerrero, «estuvo concediendo ayudas con toda normalidad y el conocimiento de todo el mundo» . Así, ha asegurado que cuando comenzó a ejercer su cargo, le «dijeron que había un programa establecido por la propia Ley de Presupuestos» de la Junta de Andalucía para las subvenciones en cuestión y centró su «atención» en «continuar» con el procedimiento ya estipulado, porque en 2008 había «reiteradas peticiones» de los colectivos laborales para «facilitar» las subvenciones y «poner cierta paz social» ante las crisis sufridas por no pocas empresas andaluzas.

Del mismo modo, ha recordado que la Intervención delegada de la Consejería de Empleo funcionaba en un despacho «contiguo» al suyo y de dicha instancia «nunca» le llegó ningún «reparo ni manifestación de que se estuviese haciendo algo ilegal» .

A tal efecto, ha opinado que la Intervención delegada de la Consejería de Empleo actuó partiendo de que «el modelo presupuestario era correcto» y a sabiendas de que «la Dirección General (de Trabajo) concedía las ayudas (sociolaborales y a empresas en crisis) e IDEA las pagaba», en referencia a la agencia en la que fue transformada el antiguo IFA.

En consecuencia, Juan Márquez ha indicado que nunca se planteó que las transferencias de financiación desde la Consejería de Empleo a IDEA pudiesen incurrir en «irregularidad» alguna , sobre todo porque nunca tuvo constancia de «reparos» al respecto.

El informe de Garrigues

Respecto al informe encargado en 2009 a la e mpresa consultora Garrigues sobre el procedimiento de tramitación de las subvenciones, ha explicado que durante su etapa al frente de la Dirección General de Trabajo fueron encargadas varias «asistencias técnicas» a empresas externas, siempre para «mejorar» en lo posible el procedimiento administrativo relativo a las subvenciones.

De las «conclusiones» de los informes emitidos por dichas empresas externas, según Márquez, nunca se desprendió ninguna «ilegalidad» ni fue «cuestionado el procedimiento administrativo» .

Al respecto, ha manifestado que siempre con el ánimo de «articular mejor el procedimiento», merced al primer borrador del informe encargado a Garrigues, la fórmula de los convenios con los colectivos o empresas subvencionadas fue sustituida por un modelo de resoluciones de encomienda de pago . «Ni siquiera tuvimos que esperar a que la Intervención General nos lo manifestara», ha enfatizado, exponiendo que dicha sustitución motivó que su departamento dejase de «asumir compromisos a futuro».

De esta forma, Juan Márquez ha defendido que las ayudas que concedió desde la Dirección General de Trabajo « fueron justas, ceñidas a la legalidad» y jamás tuvo ninguna sospecha de que «se estuviese beneficiando a alguien de manera ilegítima».

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