Manuel Medina, director del Consejo de Transparencia: «Al principio las reclamaciones eran contra la Junta»

Tiene que velar por una administración menos opaca, pero admite que desconoce su función

Manuel Medina V. GÓMEZ

JUAN J. BORRERO

-¿Es habitual confundir el Portal de la Transparencia con el Consejo?

-La verdad es que sí. Pese a que llevamos funcionando como Consejo desde finales de enero de 2016, lo cierto es que hay confusión.

-¿Cuáles son las funciones de cada uno?

-Uno es el que controla (Consejo) y otro es el controlado (Portal). El Portal es el instrumento con el que una administración o entidad pública cumple con el mandato de publicidad activa de la información pública. El Consejo de Transparencia es una autoridad independiente, que vela por que se cumplan las obligaciones de información previstas en la Ley de Transparencia: la publicidad activa, esto es ver si los portales tienen la información que deben de tener de acuerdo con la Ley de Transparencia, y resolver las reclamaciones de derecho de acceso a la información pública.

-¿Que nivel de cumplimiento hay de la Ley de Transparencia en la administración andaluza?

-Todos los Consejos tienen que hacer un control de oficio de la publicidad activa pero en nuestro caso además caben denuncias de particulares por la falta de determinada información en los portales. Hemos recibido unas 400 denuncias por incumplimiento del deber de informar en portales de transparencia sobre publicidad activa. Además, en el Consejo andaluz tenemos capacidad de inspección. Acabamos de publicar la resolución por la que se aprueba el Plan de Control e Inspección sobre publicidad activa en 2018 que afectará no sólo a entidades de la Administración de la Junta de Andalucía y entidades locales, sino también a corporaciones, asociaciones, instituciones, entidades representativas de intereses colectivos y otras entidades que perciban ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 100.000 euros.

-¿Sobre qué Administración recibe el Consejo más quejas?

-Los primeros meses de funcionamiento fueron principalmente reclamaciones sobre la Junta de Andalucía. Pero eso ha cambiado y ahora son mayoritariamente sobre los ayuntamientos.

-¿El desconocimiento de las funciones del Consejo amenaza con sobrecargar al Consejo con reclamaciones que nada tienen que ver con el derecho a obtener información sino como un simple buzón de queja?

-En buena parte es la causa de las reclamaciones que aparecen como inadmitidas. De las 237 reclamaciones que el Consejo ha tramitado sobre asuntos de la Junta de Andalucía se han resuelto 134. Fueron inadmitidas 35. Hay que hacer la salvedad de que cuando una materia tenga un régimen jurídico específico de acceso a la información el Consejo no es competente. Eso ocurre con Medio Ambiente.

-¿Se corre el riesgo de que las leyes se blinden con un régimen específico para dejar en papel mojado la Ley de la Transparencia?

-Ese riesgo existe. Aunque a veces el régimen de acceso es más amplio que la propia Ley de la Transparencia, cuyo valor es que garantiza en un plazo más o menos rápido de tres meses máximo una resolución de una autoridad independiente sin necesidad de irse a los tribunales de Justicia. Si alguien pone en cuestión la independencia del órgano entonces tira la Ley de Transparencia a la basura, porque todo radica en esa independencia.

-¿Tiene problemas para reivindicar la independencia del Consejo?

-Entre los consejos somos el único que tiene personalidad jurídica propia, con personal y presupuesto. No he tenido problemas que afecten a la independencia de ningún tipo. He reivindicado medios en su momento a tenor del aumento de la actividad y los tenemos. Ahora mismo tenemos veinte personas, entre personal administrativo y abogados y nuestro presupuesto es de 1,8 millones anuales.

-¿Qué motivos suele esgrimir la Administración para declarar reservada una información?

-Los límites están marcados en la ley estatal, como seguridad pública, intereses económicos y comerciales y, sobre todo, por antonomasia, protección de datos. Pero no basta con marcar límites, hay que demostrar que hay un perjuicio real para negar una información. Eso ha ocurrido con una reclamación en relación al contrato sale and leaseback que firmó la Consejería de Hacienda y que se escudó en interés económico y comercial de la empresa adjudicataria para negar informar de las condiciones del acuerdo a un particular al que finalmente desde el Consejo dimos la razón, instando a la Consejería a informarle.

-¿Hay un abuso en el concepto de la protección de datos?

-Es el recurso más sencillo y más frecuente, en todas partes. Hay que tener en cuenta que, si no se respeta, un tercero afectado puede denunciar vulneración de sus derechos ante la Agencia Estatal de Protección de Datos. Comprendo la cautela de un funcionario de una administración ante este asunto.

-¿Cree que se puede apelar a la protección de datos para evitar informar si la Junta está pagando a las defensas de los abogados del caso ERE?

-El tema de la protección de datos es muy complejo: dato protegido es el de toda persona identificada e identificable; entra todo. Luego viene el problema jurídico de cuándo está justificado que se limite el acceso o no. La ponderación con el derecho a la información... Hay que estudiar el asunto porque es complejo y siempre es delicado cuando colisionan derechos fundamentales.

-El Consejo es un buen observatorio para conocer de qué asuntos no quiere informar la administración y los entes sujetos a la Ley de la Transparencia. ¿Qué tipo de información se niega a los ciudadanos?

-No podría concretar uno.

-¿Es síntoma de buena salud democrática que se fuerce a los periodistas a recurrir al Consejo de la Transparencia?

-(Duda) Sí, es señal de que hay un Consejo de Transparencia.

-¿Pero eso no sitúa a la Prensa en derecho a la misma altura que cualquier ciudadano?

-La función de la Prensa está en recabar información de interés público. Con el Consejo tiene un instrumento estupendo para reclamarla cuando se le niegue.

-¿Corremos el riesgo de que se haga costumbre remitirnos al Consejo?

-Hasta ahora si querían dar la información la daban... Ahora, al menos, se tiene este recurso.

-¿No cree que el ciudadano puede llegar a pensar que la desinformación es directamente proporcional a la creación de entes de Transparencia?

-Mi experiencia como ciudadano, cuando empecé mirando portales hace dos años, es que el cambio es tremendo. Creo que el ciudadano no es consciente del patrimonio que representa la información pública y el derecho que tiene a recibirla. Y en muchos casos la Administración está reconociendo que lo mejor es dar la información.

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación