Una escena del juicio de los ERE que se está celebrando en Sevilla
Una escena del juicio de los ERE que se está celebrando en Sevilla - EFE
CASO ERE EN ANDALUCÍA

Los letrados de la Junta pasan de ser acusación a testigos de una defensa

El abogado del exdirector general de Presupuestos y de Griñán solicita que testifiquen quienes pidieron el archivo de la causa contra 22 ex altos cargos

SEVILLAActualizado:

La Junta de Andalucía se retiró por voluntad propia del juicio contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos por el caso ERE. Tras ejercer como acusación durante la instrucción, solicitó el archivo de la llamada pieza política de la causa bajo el argumento de que no hubo «trama criminal» ni se creó un procedimiento para repartir ayudas a empresas burlando los controles de la Intervención. Pero los abogados que han defendido los intereses de la Administración autonómica en este proceso podrán intervenir en el juicio. No lo harán como acusación sino como testigos de un acusado. Así lo ha propuesto José María Mohedano, que ejerce la defensa del exdirector general de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozano, en un escrito dirigido a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla el pasado 26 de octubre por el que subsana algunos defectos de forma, puesto que no había indicado el domicilio para notificar la citación.

También se requiere los testimonios de la jefa de servicio y subdirectora general de Presupuestos

Dentro de la batería de pruebas que solicita para armar la defensa de este acusado, Mohedano —que también es abogado de Griñán— solicita el testimonio de mandos y funcionarios de la Junta de Andalucía. Entre los citados a declarar en la vista oral por esta defensa están María Victoria Gálvez e Ignacio Carrasco, los letrados del Gabinete Jurídico que han representado a la Administración autonómica como parte perjudicada y acusación en el proceso. También requiere los testimonios de la jefa de servicio y subdirectora general de Presupuestos, el subdirector general de Presupuestos de la Junta y la jefa de servicio de la Dirección General de Presupuestos.

El escrito de la Junta en el que pedía el sobreseimiento de la causa contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, proporciona munición jurídica a la tesis de los acusados. Éstos argumentan que la fórmula empleada para pagar las ayudas, las transferencias de financiación, es legal y estaba incluida en la Ley de Presupuestos que aprobaba el Parlamento anualmente. Además, señalan que los interventores podrían haber bloqueado este sistema, que consistía en el envío de dinero a una sociedad pública (la agencia IFA/IDEA), pero las permitió año tras año.

En el escrito de 69 folios que presentaron en octubre ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, los letrados autonómicos concluyen que no hay «prueba de cargo alguna que permita afirmar que se ha implantado un procedimiento específico para la concesión de determinadas ayudas y/o subvenciones y con una finalidad ilegítima». La Fiscalía Anticorrupción, que imputó supuestos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos a los acusados, cifró en 741 millones el quebranto causado a las arcas públicas.

Críticas a los peritos

El Gabinete Jurídico de la Junta, integrado por funcionarios de carrera, va aún más lejos y afirma que «tampoco existe una concreción acerca de los fondos públicos malversados que, según la doctrina jurisprudencial expuesta, sólo alcanzaría a aquellos supuestos en que son destinados a un uso ajeno a la función pública».

Para los asesores legales de la Junta, los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), también funcionarios, cometieron «clamorosas fallas jurídicas que cuestionan severamente su validez».

La mayoría de las defensas hacen suya la teoría expuesta por la Junta en su escrito y desmienten la versión sostenida por el juez instructor, la Fiscalía, el PP andaluz y Manos Limpias. Las acusaciones creen que la cúpula del Gobierno andaluz (bajo la presidencia de Manuel Chaves y luego con José Antonio Griñán) se confabuló para crear y alimentar año tras año, desde 2000 a 2011, una partida, el fondo de los ERE con el propósito de repartir caprichosamente dinero público, una decisión que consideran delictiva.

Los letrados autonómicos lo niegan de forma tajante: «No consideramos acreditada de acuerdo con las diligencias de prueba acordadas en las actuaciones, que implicaría, durante más de diez años, la concertación por centenares de personas intervinientes en procedimientos, procesos y decisiones distintos, y sin relación entre sí, para la asignación arbitraria de fondos públicos, de los que se han seleccionado, no sabemos según qué criterios, menos de una treintena de personas».

Durante las primeras sesiones del juicio de los ERE, varias defensas alabaron el escrito de la Junta. La letrada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, Encarnación Molino, pidió incluso que éste se leyera en la vista oral, pero el ponente del tribunal lo rechazó porque «ya no es parte en el procedimiento». Aunque en el primer día del juicio se pudo ver a los letrados de la Junta a las puertas de la sala de vistas de la Audiencia de Sevilla donde éste se celebra, no pudieron acceder a su interior, ni siquiera como público, porque han sido citados como testigos de un acusado.