CASO ERE ANDALUCÍA

La Junta tiene asegurados los «errores» y «negligencias» de sus altos cargos

Algunos acusados de caso ERE tienen cubierta su defensa jurídica por un seguro; para otros, la póliza llegó demasiado tarde

El exconsejero de Empleo José Antonio Viera a su llegada a la Audiencia de Sevilla EFE

ANTONIO R. VEGA

El blindaje es casi total. La Junta de Andalucía tiene suscrito desde diciembre de 2015 un seguro de responsabilidad civil y patrimonial que cubre los gastos judiciales y extrajudiciales de sus 270.000 empleados(en las consejerías, agencias, fundaciones y entes instrumentales) y de los altos cargos del Ejecutivo andaluz en caso de que éstos, en el ejercicio de su actividad, cometan «errores, omisiones o actos negligentes» durante el periodo de vigencia de la póliza, según reza el pliego de condiciones técnicas consultado por ABC.

Como el contrato se adjudicó cuando la investigación judicial de los ERE ya estaba muy avanzada, según fuentes consultadas de la Junta no estarían cubiertos los gastos de defensa jurídica de la mayoría de ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados en el juicio que se celebra en la Audiencia de Sevilla .

En diciembre de 2011 se introdujo una modificación legal para abonar los gastos de abogados «siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores». El Estatuto Básico del Empleado Público también garantiza esta protección.

La póliza suscrita en la Junta en 2015 garantiza los gastos de abogados y hasta las fianzas

Los ex directivos y miembros del consejo rector de la agencia IDEA —que pagaba las ayudas de los ERE—, en cambio, sí tienen cubiertos estos gastos porque la agencia autonómica tenía contratado su propio seguro de responsabilidad civil durante los años en que se produjo el supuesto fraude de las prejubilaciones trucadas. Hay sentencias que obligan a las aseguradoras a correr con sus gastos de defensa jurídica.

Los costes de los seguros contratados por la Dirección General de Patrimonio en 2015, repartidos en cuatro lotes, ascienden a más de 41 millones de euros durante los tres años de vigencia . En el pliego se especifica que tienen cubiertos no sólo los servicios de abogados sino también la prestación de fianzas para cubrir su responsabilidad pecuniarias por un montante de hasta 10,2 millones de euros al verse envueltos en procesos penales o incluso para eludir la prisión preventiva. Hay más de medio centenar de ex cargos investigados por jueces.

Sin embargo, la Junta no ha aludido en ningún momento a la existencia de este seguro para aclarar a ABC, que formuló una pregunta a través del portal andaluz de la transparencia , si está sufragando los costes de defensa de los 22 ex altos cargos procesados en el juicio del caso ERE.

El pasado 1 de junio de 2017, el vicepresidente de la Junta Manuel Jiménez Barrios, a preguntas de la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero, reconoció que había gastado 18.000 euros en costear el abogado al ex director general de Trabajo Daniel Rivera, que fue investigado por los ERE. La Audiencia de Sevilla archivó luego la causa contra él por el sistema de reparto y financiación de las ayudas.

Jiménez Barrios reconoció que un abogado autonómico representa también al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo en una de las piezas de Invercaria donde está imputado.

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