Un exjefe de los servicios jurídicos del IFA en el juicio del caso ERE el pasado lunes
Un exjefe de los servicios jurídicos del IFA en el juicio del caso ERE el pasado lunes - POOL

La Junta relevó «por incómodo» al alto cargo que cuestionó el pago de ayudas del caso ERE

Francisco José Oyonarte, que dirigió la asesoría jurídica del IFA, vincula su salida del ente público a sus discrepancias con la Consejería de Empleo

SEVILLAActualizado:

Quien fuera secretario general y jefe de la asesoría jurídica del ente público Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) entre febrero de 2003 y junio de 2004, Francisco José Oyonarte, ha declarado este martes en el juicio del caso ERE que fue relegado al frente del ente instrumental porque «fui una persona especialmente incómoda para algunos cargos de la Consejería de Empleo». Sólo duró 16 meses en el cargo.

Oyonarte ha comparecido como testigo en el juicio de la Audiencia de Sevilla en el proceso contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que la Junta repartió durante una década 855 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según defiende la Fiscalía.

En su declaración, Oyonarte ha relatado el enfrentamiento que mantuvo con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que por entonces era presidente del IFA -luego denominada agencia IDEA-, a cuenta del pago de las ayudas supuestamente fraudulentas. Hubo, según dijo, «disparidades fuertes de criterios jurídicos sobre la competencia de los órganos de gobierno del instituto».

Por un lado, dijo, estaba el criterio de la Consejería de Empleo, defendido por Fernández, que interpretaba que el dinero que llegaba al ente instrumental de la Junta «era finalista y el IFA lo que tenía que hacer era pagar las ayudas» a partir de los convenios particulares con empresas y asociaciones de extrabajadores que firmaba el director general de Trabajo de la citada Consejería.

Pero Oyonarte defendía que «lo que entra en la caja del IFA sale conforme a los procedimientos del IFA». Este criterio implicaba que, a su juicio, el director general no debía ratificar ayudas sin que vinieran amparadas por un informe jurídico. «La opinión de la Intervención de la Junta de Andalucía coincidía con la mía, cuando surgió este tema lo hice valer» en una reunión del consejo rector del instituto, del que Oyonarte formaba parte, que se celebró el 27 de mayo de 2003.

El exjefe jurídico del IFA asegura que pidió los expedientes de ayudas a Empleo y «no llegaron nunca»

En dicha reunión, el entonces presidente del IFA, Antonio Fernández, dijo que él iba a hacer una consulta al Gabinete Jurídico sobre este asunto, pero esa respuesta «nunca llegó». Tiempo después, se impuso el criterio de Fernández. «Roma locuta, causa finita», subrayó, lo que significa que el asunto fue zanjado por alguien que tiene una mayor autoridad.

Oyonarte, que estuvo imputado durante un breve tiempo en una pieza separada del caso ERE por una subvención de 90.151 euros que Empleo concedió, a través de su famoso «fondo de reptiles» a la empresa Electrificaciones Roma, lamentó que había «presiones» por las «prisas desorbitadas» por pagar las ayudas. Luego fue apartado de esta pieza.

«Rápido, rápido, pagar, pagar. Era como si los empleados del IFA fuéramos caballos de carreras. Las carreras y las prisas eran para todo». Añadió que cada vez que el director general del IFA, Francisco Mencía que, «en paz descanse» se reunía con altos cargos de la Consejería «venía con la tensión alta», comentó este asesor jurídico, quien declaró a la Guardia Civil que tras su marcha del IFA «fue relegado a la condición de letrardo fuera de convenio» y vio reducido un 30 por ciento su sueldo. Se lo recordó Alfonso Martínez del Hoyo, abogado del exconsejero Fernández, y lo confirmó Oyonarte.

Oyonarte -que estuvo investigado en dos piezas separadas del caso ERE aunque luego fueron archivadas las causas contra él-, ha explicado que el convenio marco de julio de 2001 que puso en marcha el procedimiento de ayudas «no era conocido en la asesoría jurídica» del IFA y se enteró del mismo cuando el entonces director del ente público Francisco Mencía recibió un «sobre voluminoso» con varios convenios particulares de ayudas concretas para firmarlos.

El exsecretario general planteó al director del IFA solicitar a la Consejería de Empleo los expedientes de concesión de dichas ayudas para «hacer un informe» y dar «confort» al director del ente a la hora de firmar los convenios para pagarlas, si bien «me dijo que los pidió pero el hecho cierto es que no llegaron nunca».

El trabajo del IFA en la concesión de ayudas era «minúsculo», pues con «las dos carillas» de la orden de pago, en las que a veces «faltaban» datos de identidades o cuentas corrientes, «no podíamos hacer un informe, sin documentación ni expedientes», ha indicado.