EL FRAUDE DE LOS CURSOS

La Junta reclama 143 millones de la formación pero sólo ha recuperado 7,6

El consejero de Empleo reconoce que todavía quedan por verificar más de 600 expedientes de cursos a pesar de que su plazo legal terminó hace dos años

El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, en una comisión en el Parlamento
El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, en una comisión en el Parlamento - RAÚL DOBLADO
STELLA BENOT Sevilla - Actualizado: Guardado en:

La polémica sobre los cursos de formación y el posible descontrol de los fondos públicos no ha terminado a pesar de que hace más de cinco años que no se convocan subvenciones para la formación y que los últimos expedientes terminaron todos sus plazos legales de justificación hace exactamente dos años, en diciembre de 2014, según ha reconocido este jueves el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado.

Según los datos oficiales que ha presentado en el Parlamento, la Junta de Andalucía ha destinado 1.613 millones de euros a subvenciones para los cursos de formación hasta el año 2013, cuando se paralizaron. De estos fondos se reclaman 143 millones de euros por cobros indebidos, por justificaciones no correctas o por gastos no imputables a los cursos, cuestiones que han investigado los tribunales y que ha dado lugar a una comisión de investigación en el Parlamento andaluz.

Pues bien, de este dinero reclamado la administración reconoce que sólo ha cobrado 7.654.561 euros, 5,3 millones en vía de apremio y sólo 2,3 millones en período voluntario. Una cantidad muy pequeña y que, además, no ha variado desde el pasado mes de septiembre cuando se hizo el último recuento de estos fondos pendientes que tienen que volver a las arcas públicas.

El consejero de Empleo reconoce que la administración está pidiendo en firme 90 millones de euros, «se está haciendo un trabajo muy difícil y con muy pocos medios pero no vamos a permitir que haya ninguna prescripción de delitos», y ha detallado que hay muchos reintegros que están en vía judicial.

Así, a preguntas de la diputada popular Teresa Ruiz Sillero, Sánchez Maldonado ha detallado que hay seis expedientes de reintegro de subvenciones que se entregaron a UGT pero que están en vía judicial por lo que no se han podido cobrar. También hay otros 13 reintegros a las empresas vinculadas al exconsejero Ángel Ojeda que están en «diferentes fases de tramitación administrativas».

A pesar de los constantes requerimientos de la diputada popular, Sánchez Maldonado no ha dado más datos sobre cuánto dinero se reclama al sindicato y al entramado de empresas de Ojeda; tampoco ha aclarado cuánto se pide a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Faffe, asegurando que se trata además de una fundación pública por lo que no se le puede reclamar el dinero que, supuestamente, se hubiese destinado a fondos no adecuados con la formación profesional para el empleo.

Ruiz Sillero ha acusado también al consejero de Empleo «de obstruir la labor de la Justicia porque siguen sin aportar importantes expedientes del fraude, incluidos casos como Velasco, Formades y Pérez González, que han sido reclamados en diversos autos judiciales desde que comenzó la instrucción hace más de dos años».

La parlamentaria insistió en reclamar los expedientes que todavía no han sido facilitados a la Cámara andaluza ni a la Justicia, que resultan cruciales para la investigación de este fraude y que han sido solicitados en diversas ocasiones. «Ante la parálisis de la investigación de este fraude», Ruiz-Sillero afirmó que «ni el consejero, ni su equipo, pueden permanecer ni un minuto más en sus responsabilidades».

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