La Junta impide que se reclamen fianzas millonarias a los acusados de los ERE

El PP ha dado un golpe de efecto en el juicio contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a 20 ex altos cargos más de la Junta por el procedimiento de reparto de ayudas en el caso ERE. En la primera vista oral que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla tras las vacaciones de Navidad, que estuvo centrada en las cuestiones previas (fase preliminar del proceso), los letrados del PP —acusación popular en el proceso— han solicitado como pruebas los testimonios ante el tribunal de la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; su vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, y la senadora socialista y exconsejera de la Presidencia, Mar Moreno.

Durante la vista oral, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el PP andaluz se vieron obligados a renunciar a la petición de fianzas de responsabilidad civil a los 15 acusados por delitos de malversación de caudales públicos, que deben responder solidariamente de la devolución a las arcas públicas de u n total de 741,6 millones de euros —cantidad supuestamente defraudada, según la Fiscalía—.A ambas acusaciones no les ha quedado más remedio que renunciar a pedir que se restituya el quebranto económico causado a las arcas públicas porque la principal perjudicada en el proceso, la Junta de Andalucía, eludió hacerlo.

La Administración autonómica se autoexcluyó de esta pieza como acusación particular y solicitó el sobreseimiento de la misma con el argumento de que no hubo una «trama criminal» ni se creó un procedimiento para eludir los controles de la Intervención y conceder ayudas «de forma arbitraria». Aunque se reservó el derecho a ejercer la acción civil para la reparación del daño económico, no lo ha hecho. Y tampoco podrá exigir fianzas, como pretendía, en las causas que investigan las distintas ayudas a empresas porque se están apartando de las estas piezas a los altos cargos acusados por el sistema de concesión de fondos para evitar que sean juzgados dos veces por el mismo delito. Sigue el criterio dictado por la Audiencia de Sevilla en este asunto, que ha supuesto un antes y un después en una macrocausa que acumula siete años de instrucción. La maniobra procesal de la Junta ha supuesto así un salvoconducto para que los acusados eludan fianzas millonarias. De haber ejercido la acción civil, Griñán habría tenido que responder por 4,2 millones.