CORRUPCIÓN

La Junta deberá aclarar a la juez por qué ha sido perjudicada por los avales irregulares

Núñez pide que aclare por qué quiere personarse como acusación en el caso tras un recurso presentado por el PP

La juez María Núñez Bolaños
La juez María Núñez Bolaños - ROCÍO RUZ
ABC Sevilla - Actualizado: Guardado en:

La titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha pedido a la Junta de Andalucía que justifique el perjuicio ocasionado para poder ejercer la acusación en una de las macrocausas que se instruyen en ese juzgado, el denominado caso avales de la agencia Idea.

La juez pide a la Junta que, con la documentación que considere necesaria, justifique el perjuicio tras una solicitud realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que considera «imprescindible» disponer de esa información. En una providencia con fecha 11 de octubre a la que ha tenido acceso Efe, la juez concede un plazo de diez días a la Junta para que aporte la documentación.

El origen de la petición de esa documentación es el recurso de reforma del PP contra la providencias del 15 de julio pasado en la que se acordaba tener por personada a la Junta de Andalucía como acusación particular en este caso. El PP, en su recurso, entendía que la Junta no acreditó debidamente su condición de perjudicada.

La Fiscalía, por su parte, considera que ni el escrito del gabinete jurídico de la administración andaluza, ni una Orden del 24 de junio de 2016 esgrimida por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, contienen justificación suficiente para acreditar el interés para ser acusación particular.

«Hasta tanto no se cuente con esa justificación, no podrá valorarse si la Junta de Andalucía puede o no ser tenida por acusación particular» en la causa, señala la Fiscalía antes de señalar que los perjudicados pueden ser "bien la agencia Idea, bien la Junta de Andalucía, o bien ambas".

En este caso, que abrió la anterior titular del juzgado, Mercedes Alaya, se investigan a 18 empresas que pudieron recibir, a la vez, ayudas en el caso de los ERE y subvenciones públicas, a través de avales o préstamos, destinadas al salvamento o reestructuración.

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